Hace más de medio siglo de la primera gran llamada de atención del ecologismo sobre los límites y la explotación del planeta. Desde entonces la sociedad europea se ha impregnado de este discurso: desde el Papa Francisco a Greta Thunberg.
Las intenciones se han plasmado en acuerdos internacionales que no han terminado de cumplirse, mientras vemos llegar las primeras consecuencias de la crisis climática. La urgencia ha puesto en pie de guerra a la sociedad frente a unos gobiernos que se encuentran ante un momento decisivo para la historia de la humanidad. Ya no vale sólo con buenas intenciones.
En septiembre de 2020 el gobierno español recibía la primera demanda climática de su historia. La creciente amenaza medioambiental, las consecuencias directas de los efectos de la misma que ya empezamos a enfrentar y la evolución del mapa político –especialmente el europeo- ante la ola verde, han colocado al gobierno de PSOE y Unidas Podemos ante los Tribunales.
La última década hemos vivido una importante transformación social y política, con “cambios de ciclo”, donde las viejas ideas quedaban sepultadas por la fuerza de nuevas percepciones y necesidades de la sociedad.
El ecologismo es una de ellas y no precisamente porque se trate de una lucha reciente. Aunque la comunidad científica viene alertando sobre la crisis climática desde la década de los ’70 y los movimientos medioambientalistas hayan luchado en todo el mundo desde entonces, el paso del tiempo y la falta de acción política para frenar la amenaza climática han hecho que este movimiento se haya vigorizado en los últimos años.
Una ola verde empapa Europa
Marquemos 2015 como el punto de inflexión de este cambio de ciclo. En mayo tuvieron lugar las elecciones municipales de España en la que las agrupaciones del cambio llegaron al poder en muchas ciudades de todo el país. Las sensibilidades ecologistas quedaron recogidas en la mayoría de coaliciones y partidos del espectro de la izquierda municipalista, donde Equo se convirtió en el representante principal de los valores medioambientales. En estas mismas elecciones Podemos se presentó bajo distintas marcas en muchas ciudades españolas, desplazando el voto de Izquierda Unida-Los verdes y del PSOE a su favor.
En la misma fecha que se celebraron los comicios españoles el Papa Francisco escribía una carta encíclica a los fieles católicos llamando a unir fuerzas contra el cambio climático. El texto, llamado “Laudato Si” –en referencia a San Francisco, patrón de la ecología-, pedía a los fieles responsabilizarse del cuidado de la Tierra, de los recursos naturales y de la desigualdad. Este, según indicada la epístola, debía ser un asunto moral prioritario para la iglesia católica.
A finales de año tuvo lugar la COP 21, la Conferencia Mundial sobre el Clima en la que se presentó el Acuerdo de París. Los países que lo refrendaron, se comprometieron a tomar medidas para frenar el aumento de la temperatura del planeta.
El 1 de enero de 2016 la Asamblea General de la ONU implementó los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En ellos se recogían 17 metas para dar continuidad a los Objetivos del Milenio (año 2000), ampliándolos además con un enfoque centrado en la necesidad de tomar medidas para frenar el cambio climático, la desigualdad y conseguir una mayor la sostenibilidad.
Pero las instituciones no fueron las únicas en salir del letargo y dirigir la mirada hacia la crisis climática y medioambiental. Un viernes, tras una ola de calor que sembró Suecia de incendios, una joven de 15 años comenzaba una huelga estudiantil para exigir a los partidos políticos del país que tomaran medidas para frenar el cambio climático. Greta Thunberg no esperaba que aquella iniciativa – cuyo fin tenía planeado el día de las elecciones suecas- iba a convertirse en una acción que uniría a jóvenes luchando en todo el mundo bajo el nombre de “Fridays for Future”.
Las reivindicaciones de la juventud del norte comenzaron a plasmarse en los órganos de representación política. Desde las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, los partidos verdes –muchos de ellos históricos- han ido ampliando su fuerza en muchos países del centro y norte de Europa. A día de hoy los verdes representan el cuarto grupo político en la Eurocámara y podemos ver sus primeros frutos en el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea de impulsar un Green Deal antes de 2021.
En Austria consiguieron una representación del 14% en las últimas elecciones. En Eslovaquia Zuzana Čaputová se ha convertido en la primera presidenta del gobierno mujer y ecologista. En Francia han ganado las alcaldías de algunas grandes ciudades como Nantes, Montpellier, Lilles, Rennes, Nancy, Le Mans y Dijon. En Alemania el partido verde ha superado por primera vez en su historia al bloque conservador en las encuestas, situándose como principal fuerza política en el país. En Suiza fueron votados por uno de cada cinco habitantes en el último encuentro electoral. Bélgica, Luxemburgo, Lituania, Irlanda, Suecia, Finlandia y los Países Bajos también han visto los efectos de la ola verde en la composición de sus parlamentos en los últimos años.
Pero el sur no se ve empapado de este avance del norte de Europa. Siendo el perfil de votante joven el que impulsa los partidos verdes, en aquellos países donde la principal preocupación de este segmento es el empleo el voto verde se diluye. Y cuando los verdes suben en Europa, los socialdemócratas bajan.
La disputa por ser el partido verde de España
Es evidente que ecologismo ha resurgido como campo de disputa política especialmente catalizadora para el voto de la juventud. Y Pedro Sánchez ha sabido leer las señales.
Si tradicionalmente la alianza progresista y ecologista la representaba Izquierda Unida-Los verdes, la llegada en 2011 de un partido integramente verde como Equo y sus posteriores coaliciones con Unidas Podemos y Más País rompía esa lógica histórica.
Pero volvamos un momento a Pedro Sánchez. Tras obtener en 2015 unos pésimos resultados electorales y no lograr su investidura de la mano de Ciudadanos, en 2016 volvía a liderar los peores resultados de la historia del PSOE. Después de este fracaso dimitió como secretario general de un partido debilitado y perdido en la nueva escena política.
Mientras esto ocurría, Podemos se colocaba como el principal partido de izquierdas del país y su alianza con Equo hacia que la histórica coalición Izquierda Unida-Los Verdes perdiera fuerza. Con el objetivo de no desaparecer del mapa y aprovechar el impulso de los nuevos tiempos las agrupaciones crearon una fuerza estatal conjunta única bajo el nombre de Unidas Podemos.
Pero Pedro Sánchez no se rindió y, aunque todo el mundo le daba por muerto, volvió a presentarse a las primarias representando a las bases frente al aparato del partido. La preocupación recorría un PSOE que temía el crecimiento de Unidas Podemos y pedía actuar ante su capitalización del espectro de la izquierda. Tras su victoria interna, con la meta bien clara, Pedro Sánchez se puso manos a la obra para volver actualizar al PSOE de acuerdo a los nuevos reclamos sociales.
El resto ya es historia. Después de ganar la moción de censura contra el gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2018 y las elecciones de diciembre de 2019 gobernando con Unidas Podemos, Pedro Sánchez no ha perdido un minuto en procurar subirse a la nueva ola verde Europea.
Manos a la obra, la primera muestra de esta declaración de intenciones del “nuevo y verde” gobierno del PSOE-Unidas Podemos fue el ofrecimiento para que España acogiera la COP25 (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). Tras la suspensión de la celebración en Chile por las protestas ciudadanas y la salvaje represión del gobierno de Sebastián Piñera, Pedro Sánchez dio un paso al frente para acoger el encuentro.
Esta rápida decisión supuso la presentación en sociedad del nuevo gobierno de España, estrenando su cara más verde ante instituciones, asociaciones, empresas y, por supuesto, medios de comunicación.
Primer aviso: la carta de las ONGs
El problema con las políticas medioambientales es que son más prácticas y necesariamente mesurables frente a otras actuaciones políticas. El avance de la crisis climática –cuyas primeras consecuencias ya experimentamos- requiere logros tangibles, decisiones consolidadas y resultados efectivos de los que depende la viabilidad de la vida en el planeta.
Y aquí es donde empiezan los problemas para el PSOE y Podemos. En enero, el que se autoproclamaba como el gobierno más progresista y verde de la historia de España, recibía una carta firmada por Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción.
En la misiva, las organizaciones reclamaban medidas frente a la crisis climática y reprochaban la inactividad de la Administración General del Estado en este tema. Requerían el cumplimiento de las obligaciones medioambientales a las que España se había comprometido y que son imprescindibles para frenar la crisis climática y salvar nuestro planeta.
¿Inactividad? ¿Incumplimientos? Si la Teoría de la Comunicación comprende que el silencio es, de hecho, un tipo de comunicación, podemos decir que la no-política ha sido la política ecologista de España hasta el momento.
Vamos con un repaso rápido.
La herencia (ecológica) recibida
En 1997 España, bajo el gobierno del PP de José María Aznar, fue uno de los países que se adherían a la firma del Protocolo de Kioto. El objetivo del acuerdo era lograr que la emisión de gases de efecto invernadero -responsables del aumento de la temperatura global- descendiera, como mínimo, un 5% por debajo de los niveles de 1990.
Para lograrlo, cada país debía reducir sus emisiones en base a su desarrollo y economía, siguiendo un calendario común para evaluar el avance. Conforme a estas medidas la Unión Europea se comprometía a una bajada del 8% de las emisiones. Según este reparto España debía no aumentar más de un 15% las suyas con respecto a esa fecha.
La primera evaluación del cumplimiento de las metas llegó en 2012. Mientras el conjunto de la Unión Europea había superado el objetivo inicial reduciendo un 19% las emisiones, España suspendía la prueba. En este periodo el país emitió un 23,7% más gases de efecto invernadero (un 8,7% más del límite acordado), cifra que podía haber sido incluso mayor si la crisis económica de 2008 no hubiera rebajado la actividad de la industria y con ella las emisiones.
La Agencia de Medioambiente Europea advirtió de lo grave del retraso de España en la adopción de medidas, que suponía una brecha del 13% frente a la del 1,9% del resto de países europeos.
La falta de actuación y el incumplimiento de medidas llevó al gobierno del PSOE de Zapatero a comprar derechos de emisión de gases a otros países, gastando más de 800 millones de euros.
Ese mismo año se aprueba la Enmienda Doha que extiende el compromiso hasta 2020 y amplía hasta un 20% la reducción de las emisiones (tomando como referencia 1990). Para España esto implica no ya un objetivo de no sobrepasar un límite de emisiones –finalidad no conseguida anteriormente-, sino además reducirlas en un 10%.
Pero el retraso acumulado al que se enfrenta el gobierno de PSOE y Unidas Podemos no termina ahí. En 2016 entra en vigor otro convenio ratificado por España –como si no tuviera pendientes objetivos sin cumplir-, esta vez se trata del Acuerdo de París bajo el gobierno del PP de Mariano Rajoy.
Los 96 países firmantes se comprometían a reducir aún más las emisiones, esta vez hasta un 40% con un objetivo claro y cuantificable: evitar el que la temperatura del planeta crezca 1’5º. ¿Y qué tal va España con este nuevo compromiso? Pues como con los otros, mal.
Cuenta atrás para salvar el planeta
La crisis climática no comprende de treguas ni de recesos y bajo esta motivación Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas avisaron al gobierno en su carta. La pasividad de los anteriores gobernantes pesaba sobre unos datos nada favorables para conseguir los compromisos adquiridos, y con ellos, frenar de forma efectiva la crisis climática.
Una dificultad que se encuentra enraizada dentro del propio gobierno, donde encontramos representadas dos realidades: mientras Juan López de Uralde -coportavoz de Equo en Unidas Podemos- advierte de la imposibilidad de conseguir los objetivos marcados, Hugo Morán – Secretario de Estado de Medioambiente- afirma que los compromisos se cumplirán.
Los meses transcurrían y no había noticias de la progresión. La aparición de la Covid-19 centró todos los focos mediáticos y políticos, trabajando en lo más urgente y obviando lo importante. Los movimientos ecologistas advertían: la crisis climática no debía perderse de vista, ya que la destrucción de la biodiversidad también contribuiría la aparición de más enfermedades en un planeta cada vez más debilitado.
De esta forma, las organizaciones firmantes de la carta presentaron el 15 de septiembre una demanda ante el Tribunal Supremo de España contra el gobierno de PSOE y Unidas Podemos, por inacción ante la crisis climática.
La primera demanda climática de la historia de España
El recurso se centra en el incumplimiento del Acuerdo de París; sí, el mismo que el Secretario de Medioambiente aseguraba que se cumpliría. Entre las obligaciones se incluía el envío a la Unión Europea de una propuesta de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) antes del 1 de enero de 2020. El plan debía proponer medidas concretas para cumplir el objetivo de frenar el aumento de la temperatura global, siguiendo las recomendaciones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas.
Pero España no ha hecho bien los deberes. El primer problema es sobre el fondo: El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima presentado por España propone una reducción del 23% de las emisiones, una cifra muy por debajo de la aprobada por el Acuerdo de París. El segundo error ha sido en la forma: el plan fue enviado a la Unión Europea en marzo y al igual que Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, presentada a principios de noviembre, suponiendo nueve meses de retraso desde la fecha acordada para su implementación.
Como consecuencia de estas acciones España incumple el Reglamento de la Unión Europea sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (2018/1999, de 11 de diciembre de 2018), lo que podría conllevar sanciones económicas.
Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción requieren en la demanda no sólo que se ponga rápido remedio a los incumplimientos y se empiece a trabajar de manera efectiva en la lucha climática. Las organizaciones solicitan que estas actuaciones se pongan en práctica con la visión de proteger los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras, bajo una perspectiva de sostenibilidad, precaución, solidaridad y buen gobierno.
¿De qué sirve un litigio climático?
Con la admisión de la demanda a trámite por parte del Tribunal Supremo la pelota queda, por el momento, en el tejado del gobierno que deberá remitir el expediente administrativo correspondiente. Después las ONGs que presentaron el litigio deberán exponer los argumentos de su demanda en sede judicial.
La primera demanda climática de España sigue la senda de otras presentadas con anterioridad en 39 países del mundo. En los recursos se exige a las administraciones judiciales que obliguen a los gobiernos a garantizar los derechos fundamentales a las personas.
Este fue el planteamiento del primer litigio climático ganado de la historia que tuvo lugar en 2019 en los Países Bajos. La asociación ecologista URGENDA presentó en 2013 una demanda contra el gobierno de Países Bajos a quien responsabilizada de la salud de las y los ciudadanos, la protección de su seguridad y del medioambiente.
La asociación se basaba en los informes científicos internacionales para pedir que el gobierno adoptara medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%. Tras seis años de pleito, en diciembre de 2019, el Tribunal Supremo neerlandés dio la razón a URGENDA obligando al estado a reducir en un 25% las emisiones para finales de 2020.
Según la Corte Suprema la sentencia, que sienta un precedente único en la Unión Europea, se basa en los deberes legales de los estados recogidos en la Convención sobre el Clima de la ONU. Estos deberes incluyen la responsabilidad de los gobiernos de proteger los derechos fundamentales de las personas como el derecho a la salud, a la seguridad, a la integridad física…
Establecido este precedente, existe la posibilidad de que los tribunales españoles puedan dirimir y obligar al gobierno español a tomar medidas urgentes. Esta es otra de las formas que ha tomado el cambio de paradigma de la lucha medioambiental con la que empezábamos este artículo.
Los movimientos ciudadanos, el crecimiento de las fuerzas verdes en las instituciones y la llegada de los trámites judiciales conforman el espejo donde los gobiernos europeos temen reflejarse, por si lo que ven al otro lado no coincide con su imagen.
