El actual gobierno municipal de Móstoles, integrado por PSOE y Podemos, aprobó el pasado
20 de octubre, por vía de urgencia y sin los preceptivos informes jurídicos y de fiscalización,
perdonar la mitad del millón doscientos treinta mil euros que adeudaba la empresa ITV
Móstoles desde el año 2013 y reducir el canon por el que se le adjudicó esta parcela en el año
2011, de 147.653 euros a 60.000 euros anuales hasta el año 2040, lo que supone que el
municipio pierde con esta operación más de dos millones y medio de euros.
La historia comienza en el año 2011. Aquel año el Partido Popular, que por entonces gobernaba Móstoles, decide sacar a concurso el uso, en régimen de concesión administrativa, una parcela dotacional del polígono Móstoles Tecnológico, para la construcción y explotación de una estación de Inspección Técnica de Vehículos durante treinta años, aprovechando el enorme filón de negocio que había abierto la Ley 7/2009 liberalizadora de los servicios de ITV en Madrid, por la que el PP regional había privatizado por completo lo que hasta entonces era un servicio público de su competencia.
El concurso partía de un canon mínimo anual de 120.242 euros anuales, revisable anualmente según IPC, que deberían ser satisfechos desde el momento en que se tomase posesión del suelo por parte de la empresa que resultase adjudicataria. La parcela, de casi 10.000 metros cuadrados, finalmente fue adjudicada en 2011 a la empresa ITV MÓSTOLES S.L., constituida el 29 de junio de 2010, casi un año antes de anunciarse esta licitación pública.
Ya desde la inauguración de sus instalaciones, en el verano de 2013, esta empresa dejó de pagar el canon ofertado al Ayuntamiento de Móstoles por el suelo en que se ubica, situación de impago que ha mantenido hasta el presente, alegando constantemente que la liberalización del sector le perjudicaba por exceso de competencia en la zona, cuando precisamente se había beneficiado de dicha liberalización para poder instalarse en Móstoles y participar del suculento negocio que había abierto la Comunidad de Madrid en el año 2009 con las inspecciones obligatorias de vehículos.
El conseguidor
En el año 2019 el Tesorero Municipal y Director General de Tributos y Recaudación, Francisco Javier Torner, funcionario de habilitación nacional del Ayuntamiento de Móstoles, hace suyos los argumentos de la empresa para no pagar, y trata de conseguir que la Junta de Gobierno Local, entonces integrada por PSOE y Ganar Móstoles, aprobase reducir el canon anual de la concesión, alegando un supuesto desequilibrio en el contrato.
El asunto llegó a la Junta de Gobierno Local que se celebró el 12 de marzo de 2019, con una propuesta de resolución firmada por el Tesorero Municipal y la entonces concejala de Urbanismo, Beatriz Benavides, siendo rechazada unánimemente en base a un informe del Secretario General del Ayuntamiento que concluía taxativamente que no procedía reequilibrio financiero alguno, desacreditando completamente la argumentación utilizada por el Tesorero tratando de retorcer la realidad administrativa y legal con el objetivo de reducir los compromisos económicos de la empresa para con el Ayuntamiento.
Con el cambio de gobierno tras las elecciones municipales de 2019, este funcionario municipal vuelve a intentar la operación fallida en marzo de 2019 amparándose en una supuesta declaración de pre-concurso registrada por ITV Móstoles ante los Juzgados de lo Mercantil. En esta nueva tentativa ya no se trata tan sólo de reducir el canon anual de modo sustancial, sino que se incorpora la condonación de la mitad de la deuda generada hasta ese momento. Nuevamente prepara un informe utilizando los argumentos que habían sido desmontados en su día por el Secretario General del Ayuntamiento, alegando que se está ante una concesión de servicio público, inexistente desde la aprobación de la liberalización del año 2009, y la competencia de mercado que ha de soportar esta empresa.
El 1 de septiembre de 2020 llega nuevamente una propuesta del Tesorero Municipal a la Junta de Gobierno en el sentido de aceptar el pre-concurso presentado por ITV Móstoles y las nuevas condiciones económicas dictadas por la empresa, es decir la reducción del canon desde los 147.653 euros actuales a 60.000 euros anuales, perdonando la mitad de los 1.230.000 euros de deuda y aplazando el pago del 50% restante hasta el año 2040, a razón de 30.000 euros anuales sin intereses ni recargo alguno. En esa reunión, con informe en contra del Interventor Municipal, se acuerda aceptar el pre-concurso “en base a los argumentos de índole jurídica y económica contenidos en el informe propuesta del Sr. Tesorero” condicionando su validez a “la comprobación definitiva e informe favorable del acuerdo final por los Servicios Económicos y a la toma en consideración del acuerdo en sede judicial una vez acordada la fase preconcursal o concursal.”
El 20 de octubre pasado, en una nueva sesión de la Junta de Gobierno Local, se acuerda definitivamente perdonar el 50% de la deuda existente hasta ese momento, reducir a 60.000 euros anuales el canon y aplazar, sin intereses ni recargo alguno, el resto de la deuda hasta el año 2040, en base al “informe favorable de validación del Tesorero Municipal”. El acuerdo se toma por unanimidad de todos los miembros de la Junta por vía de urgencia sin informes de la Asesoría Jurídica, la Secretaría General y la Intervención Municipal, consumando así la operación iniciada en marzo de 2019 a favor de esta empresa que se embolsa más de dos millones y medio de euros con ella.
El penúltimo acto de esta historia lo ha escrito el Tribunal de Cuentas que, tras recibir una denuncia de los hechos del Interventor Municipal, ha decidido abrir diligencias por un posible delito de responsabilidad contable, dando traslado de los hechos a la Fiscalía, por lo que, previsiblemente, el último acto acabe siendo escrito en los Tribunales de Justicia complicando aún más la ya delicada situación judicial de la Alcaldesa Noelia Posse e implicando esta vez a sus socias de gobierno de Podemos.
