Este martes, 6 de julio, se prevé que el Consejo de Ministros apruebe el primer bloque.
Tras meses de diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales se ha suscrito el primer acuerdo de la futura reforma de las pensiones que debería entrar en vigor a finales de año tras una segunda negociación prevista para noviembre sobre el polémico “Factor de Sostenibilidad”. Después de una “década perdida”, la “hucha de las pensiones” ha pasado de tener 66.815 millones de € en 2011 a 2.150 millones de € en junio de 2021.
PUNTOS CLAVES DE LA REFORMA
- Revalorización de las pensiones según el IPC: Las pensiones se revalorizarán conforme al IPC (Índice de Precios de Consumo), de tal forma que el cambio en los precios no afecte al poder adquisitivo de los pensionistas. Si el coste de la vida bajara, las pensiones no se verían afectadas, pero se compensaría con los IPC de los siguientes 3 años. No se ha alcanzado ningún acuerdo para revalorizar los años regresivos pasados.
- Se elimina el “FACTOR DE SOSTENIBILIDAD” de la reforma del 2013 (PERO…): se elimina este sistema que penalizaba las pensiones por un incremento de la esperanza de vida y cuya entrada en vigor se pospuso hasta 2023. PERO se agenda un debate para noviembre entre el Gobierno y los agentes sociales para “negociar” un nuevo mecanismo de “EQUIDAD INTERGENERACIONAL” que operaría a partir de 2027. Si no se llega a ningún puerto, el Gobierno se reserva el derecho para imponer a su criterio un mecanismo similar por ley -exigido por Bruselas y suscrito por “think thanks” como la OCDE, que PENALIZARÁ una mayor esperanza de vida SÍ o SÍ. El giro “lampedusiano” para referirse a esta penalización promete muchas y nuevas acepciones independientemente del color del Ejecutivo.
- Se retrasa la edad de jubilación a 67 años “en diferido”: Pero en lugar de hacerlo de frente, se incentiva a que sean los propios trabajadores para que tomen dicha decisión sumando un 4% a partir del primer año por encima de su edad de jubilación -66 actualmente-. Cuatro euros -4 €- por cada 100 euros de pensión. La otra opción es recibir un “cheque” máximo de 12.060,12 € si se ha cotizado durante más de 44 años y medio.
- Se penalizan las prejubilaciones como método para “incentivar” el retraso voluntario de la jubilación: pasando a ser de trimestrales a mensuales los coeficientes reductores. Es decir, aumentan las penalizaciones. Por ejemplo, alguien que haya cotizado menos de 38 años y medio y decide adelantar 2 años su jubilación se le penalizaría con cerca de un 21% y no un 16% como hasta ahora. Y en cambio, si se supera la cifra anterior pero no se superan los 41 años y medio se penalizaría entre un 3,11% y un 19% en lugar de los 1,9% y 15% actuales.
- Se penalizan los coeficientes de las jubilaciones anticipadas involuntarias: también se aplicará el “incentivo” penalizador de los coeficientes pasando de trimestrales a mensuales, desde un 30% de reducción si ocurre 4 años antes de la edad legal y no se alcanzan los 38 años y medio, hasta un 0,5% si es un mes antes de esa edad y se ha cotizado más de 44 años y medio.
6. Se regularizarán las jubilaciones forzosas en los Convenios Colectivos a partir de los 68 años.
CLASES PASIVAS
La jubilación anticipada con 60 años de edad y con 30 años cotizados seguirá con una reducción de 18,17%, y con 35 años cotizados con el 100% del haber regulador, seguirá sin ningún tipo de modificación. La jubilación forzosa seguirá en los 65 años. El 1 de enero de 2022 finalizará el plazo por el que se tendrá que proceder ordinariamente el traspaso de la gestión a la Seguridad Social como ha marcado el Tribunal Constitucional.
FINANCIACIÓN DE LAS PENSIONES: La «hucha de las pensiones» y Presupuestos Generales
Creado en el 2000, el fondo de reserva o “hucha de las pensiones” ahorraba los superávits de la Seguridad Social provenientes de las cotizaciones aportadas por trabajadores, empresarios y las del propio Estado a través de los tributos. En 2008 y 2009 se generaron 14.000 millones de superávit que no fueron sumados, sino que se destinaron a hacer frente a un déficit público galopante, provocado en gran medida por el rescate a la banca (en torno a un 10% en esa época). En 2011 las presiones de los mercados internacionales y las “recomendaciones” de la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo originaron una modificación “exprés” del artículo 135 de la Constitución, conocida como “estabilidad presupuestaria”. Todas las partidas presupuestarias para el desempleo y la activación del mercado laboral -además de las propias pensiones- fueron financiadas con los recursos de la “hucha de las pensiones” en lugar de ser contabilizadas en los Presupuestos Generales (PPGG) de cada año, ya que, si no, el déficit podría aumentar. Un “atajo” legal y contable para cumplir con el objetivo de déficit público del 3%, cumplir con Europa, pero “hipotecando” la sostenibilidad del sistema.
2008-2018 la “década perdida”: desde la modificación de 2013, la subida de las pensiones ha sido la mínima, 0,25% hasta 2018. A pesar de la recuperación económica reflejada en el PIB desde el 2014 -crecimos por encima de la media europea- y de los ajustes -el déficit público se redujo de un -11,06% a un – 2,86%-, no se incrementaron las pensiones debido a que la ley del 2013 estimaba una revalorización máxima en caso de tener un superávit en la Seguridad Social, fenómeno que no se produjo porque se usaron esos fondos para fines distintos. Año tras año, el Fondo de Reserva ha menguado hasta los poco más de los actuales 2.000 millones, obligando al Estado a “prestarse” dinero a sí mismo, para hacer frente al pago de las pensiones incluidos los últimos incrementos del 1,6% y 0,9%.
Futuras transferencias mediante los Presupuestos Generales del Estado. En la futura Ley se garantizará una cláusula por la que realizará una transferencia anual a través los PPGG alrededor del 2% del PIB, unos 21.000 millones de €. Pero dicho importe será insuficiente para garantizar, al menos, la mitad de la financiación adicional que necesitará el sistema de pensiones para el año 2050. Por otro lado, esta reforma prevé el traslado de los denominados gastos impropios de la Seguridad Social a Hacienda para acabar con el déficit estructural. ¿Volverán a ingresarse los futuros superávits en la “hucha de las pensiones”?
El “FACTOR DE SOSTENIBILIDAD” o el futuro mecanismo de “EQUIDAD INTERGENERACIONAL”, reducirá las pensiones de un 80% a un 50 % del último salario en 2060. Recordemos que el debate sobre este instrumento creado en 2013 para ajustar las pensiones públicas está pospuesto para este noviembre y empezaría a aplicarse en 2027. El objetivo de este futuro mecanismo será reducir la Tasa de Reemplazo público para fomentar el sistema de pensiones privado. En la actualidad, la Tasa de Reemplazo se encuentra en torno al 80%. La media de los países de la OCDE es de 49%. Francia 60%, Alemania 38,7% y Reino Unido 21,7%. Este mecanismo penaliza la esperanza de vida y tratará de fomentar un sistema privado para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los futuros pensionistas. Pero el mercado laboral y el modelo económico de nuestro país no son comparables a los países de nuestro entorno.
La opción de las pensiones privadas empieza tarde y no son rentables. Mientras en algunos países de Europa las empresas retienen de la nómina de sus trabajadores un porcentaje para un plan de pensiones colectivo además de abonar parte de ella, en España apenas existe, y tampoco parece que vaya a cambiar en el futuro. La otra alternativa privada son los planes de pensiones particulares. Según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco) los últimos 15 años, los planes de pensiones obtuvieron una rentabilidad del 2,86% aunque ha habido años, como el 2018 que se perdió un 4,08% de rendimiento. Es decir, que apenas han cubierto la inflación. El Índice de Precios de Consumo (IPC) varió un 0,47% en mayo de 2021 en relación al mes anterior y cambió un 2,72% en variación interanual, según el INE. Esto supone un mal negocio y una mala opción de cara a la dirección que deberían tomar las políticas nacionales y comunitarias para garantizar la suficiencia económica a la tercera edad, un sistema de pensiones adecuado al coste de la vida y no ajustado a los déficits de países miembros que comparten un mercado común desequilibrado.
Las soluciones, más allá de las competencias nacionales en la materia, deberían aportarse desde el seno de las instituciones europeas. Desde Maastricht en 1992, se ha externalizado una industria que podría generar puestos de trabajo con valor añadido con las que poder contribuir, dentro de un Plan Comunitario, a un sistema de pensiones justo y de carácter público. La principal fuente de ingresos de la UE es el IVA, un impuesto indirecto que grava el consumo. Supone 2/3 del total de los ingresos y demuestra claramente la ineficacia de las políticas comunitarias en materia de progresividad fiscal, abonando el campo de las desigualdades y tensiones sociales en el seno de la UE. Al igual que se avanzó en la creación de un mercado común, la “Europa de los ciudadanos” debería dar un paso más en sus competencias sociales para garantizar precisamente el estado de bienestar en el que se fundó como el de su mercado común.
