Asistimos en Móstoles a un debate intenso por importante. Dado el grave problema de acceso a la vivienda en la ciudad y en el resto de la Comunidad de Madrid, el consistorio que dirige Noelia Posse (PSOE) ha lanzado un plan de Vivienda de Protección con Precio Limitado (VPPL) en régimen de alquiler. La similitud de esta operación con los antiguos planes de Esperanza Aguirre y la situación del PAU4, lugar donde se ha llevado a cabo la primera licitación, han alertado a las fuerzas de la oposición municipal y preocupan seriamente a los vecinos de un barrio muy castigado por la ausencia de servicios públicos.
El polémico plan de VPPL del Ayuntamiento de Móstoles, del que ya se han licitado 555 viviendas de un total de 2000, proyectadas en distintas parcelas de la ciudad y valoradas entre 18 y 20 millones de €, se produce en el marco de la llamada Ley Omnibus de la Comunidad de Madrid. Una ley que modifica gran parte de la legislación autonómica, incluyendo la ley del suelo de 1995 (Ley 9/1995, de 28 de marzo) y que, bajo la premisa de impulsar la actividad económica y modernizar la administración en la Comunidad, elimina controles administrativos (y por lo tanto democráticos) para la contratación pública. El PSOE en la Asamblea de Madrid se opuso firmemente a la Ley Omnibus, y es este mismo partido quien en Móstoles la aplica para construir viviendas en suelo reservado para servicios públicos, un tipo de suelo denominado dotacional, y que a través de esta ley puede recalificarse como suelo urbanizable sin trámite alguno.
Al mismo tiempo, los vecinos del Pau4 se están movilizando porque ninguno de los servicios públicos prometidos por las administraciones local y autonómica se han visto materializados hasta la fecha: ni centro de salud, ni salida a la R-5, ni centro cultural, ni infraestructuras deportivas. Emilio Delgado, candidato de Más Madrid-Móstoles a la alcaldía, formación que apoya sin fisuras las movilizaciones vecinales, ha declarado recientemente que “hay que escuchar a las vecinas y vecinos… el Pau4 no puede ser ninguneado ni un minuto más. Si el Gobierno de Noelia Posse hubiera escuchado, no se habría planteado hacer este plan de recalificación en un barrio que está totalmente infradotado de servicios públicos…”. Los vecinos reclaman los servicios públicos que se les llevan prometiendo años, por lo que, para ellos, más población el barrio sólo agravaría los problemas ya existentes.
“hay que escuchar a las vecinas y vecinos… el Pau4 no puede ser ninguneado ni un minuto más. Si el Gobierno de Noelia Posse hubiera escuchado, no se habría planteado hacer este plan de recalificación en un barrio que está totalmente infradotado de servicios públicos…”
Emilio Delgado, Candidato de Más Madrid a la alcaldía de Móstoles
El suelo público adjudicado por licitación ha sido cedido por un periodo de 75 años a la empresa AVG Capital para la construcción de 555 viviendas, las cuales serán VPPL en régimen de alquiler durante un máximo legalmente establecido de 15 años. Tras este tiempo, el promotor, como propietario de las viviendas, será quien controle los precios de los alquileres, con lo que puede ser que un alquiler se encarezca exponencialmente una vez transcurran los años de protección pública o que el inmueble sea vendido al mejor postor. Experiencias previas en la Comunidad de Madrid, p. ej. el Plan Joven de Esperanza Aguirre, demuestran que son escenarios posibles si se atiende a lo que ocurre actualmente con las viviendas en propiedad del fondo buitre Blackstone, cuyos vecinos han denunciado incrementos de hasta el 70% en el precio de sus alquileres.
El grupo municipal de Más Madrid, llevó al pleno del pasado 23 de marzo una moción para que se mantuvieran sin adjudicar hasta después de las elecciones aquellas parcelas que se han quedado sin licitar, de manera que no se hipotecara el futuro de la próxima legislatura en materia de urbanismo, ya que el gobierno iba a entrar en funciones el 5 de abril. La moción se aprobó con 15 votos a favor y 11 votos en contra (PSOE y No adscrito). Desde Más Madrid han tildado esta operación de “ladrillazo” y “pelotazo urbanístico”, y lamentan que esta política de vivienda constituya “el mismo modelo que el del Partido Popular”, el cual favorece la entrada de fondos de inversión para gestionar vivienda pública y que tanto daño ha hecho (y hace en la actualidad) a la ciudadanía, porque lejos de relajar un mercado ya de por sí tensionado, lo estrangula cada vez más.
El gobierno local plantea una operación urbanística en un barrio sin servicios, en unas condiciones que dejarán en situación de vulnerabilidad habitacional a los inquilinos dentro de 15 años y favoreciendo a los promotores. Todo ello al amparo de una ley rechazada por el PSOE, partido que presentó una enmienda a la totalidad de la misma en la Asamblea de Madrid: ¿Plan de vivienda pública o pelotazo urbanístico?
