A partir de una investigación a Convergencia democrática de Cataluña se destapa un presunto nuevo caso de corrupción del Partido Popular en Móstoles
El 14 de octubre de 2014 la Junta de Gobierno Local, presidida por Daniel Ortiz, adjudicaba a la empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A (CGI) un contrato de 67.881 euros, para un periodo de seis meses, por el que se privatizaba la atención telefónica de la Oficina de Atención al Contribuyente.
Este contrato, adjudicado por un procedimiento negociado sin publicidad era la antesala de la privatización definitiva del servicio de atención telefónica a los contribuyentes mostoleños, ya que el 9 de mayo de 2015 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de una licitación para tres años, prorrogable por otros tres años, por un importe de 635.250 euros, cuyo objeto era atender las llamadas telefónicas que se reciben en la Oficina Municipal de Atención al Contribuyente. Este concurso finalmente fue anulado por el tripartito PSOE, Ganar Móstoles e Izquierda Unida Comunidad de Madrid, que se hizo cargo del gobierno local tras las elecciones municipales de mayo 2015.
El 15 de mayo de 2015, en el marco de una investigación por corrupción ordenada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de El Vendrell contra Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), la Guardia Civil interceptó una conversación telefónica referida a una contratación del Ayuntamiento de Móstoles en la que un directivo de la empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A, con sede en Barcelona, pregunta a su Director de zona en Madrid si la licitación sería un contrato armonizado (procedimiento abierto a todas las empresas de la Unión Europea) ya que el contrato tenía una duración total de seis años, a lo que el comercial de Madrid le responde que “no, no, porque he conseguido meterlo dentro de la categoría (…), a todo esto el pliego técnico te digo que está hecho bajo nuestras directrices… el de Móstoles.
Posteriormente, tras un registro de la sede central de CGI la Guardia Civil incauta numerosos correos electrónicos entre la empresa y la entonces Directora General de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Móstoles, Isabel Apellániz, de cuyo análisis deduce la UCO que la empresa habría participado directamente, a través de su Director Territorial de zona, en la preparación y planificación de los pliegos de prescripciones, beneficiando por tanto los intereses particulares de la empresa y dificultando la participación de competidores, hecho que considera ratificado la Guardia Civil en el hecho de que CGI fuese finalmente la única mercantil que presentó oferta en el procedimiento negociado sin publicidad, contando además con información privilegiada de cara a la licitación que finalmente fue suspendida por el nuevo gobierno tras las elecciones municipales de 2015.
Isabel Apellániz, Directora General de Gestión Tributaria, que ha declarado en la Audiencia Nacional en calidad de imputada el pasado 3 de febrero por este caso, fue nombrada por el gobierno del Partido Popular en marzo de 2013, ejerciendo ese puesto hasta marzo de 2015, fecha en que accedió al puesto de Interventora General del ayuntamiento de Collado Villalba.
Su nombramiento fue objeto de polémica en su día, ya que provenía del Ayuntamiento de Santoña (Cantabria) donde había sido denunciada el 3 de diciembre de 2012, junto a la ex Alcaldesa de la localidad, por prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. La denuncia, informaba Europa Press, se fundamentaba en una auditoría llevada a cabo en el Ayuntamiento de Santoña, de la que se deducían, en opinión de los denunciantes, diversas ilegalidades como la adjudicación de los principales contratos del municipio a una única empresa (ESFER), la asunción con cargo a las arcas públicas de gastos que debían abonar los adjudicatarios de obras, costes de gestión inflados y gastos pagados al margen del presupuesto municipal
