Miguel Ángel Ortega, concejal de Medio Ambiente, Parques, Jardines y Limpieza Viaria, en la que extrañamente se encuadra el mantenimiento de edificios, ha anunciado este miércoles en un pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Móstoles que asumirán las obras de arreglo de los colegios, paralizadas por la Comunidad. Y no es el único caso de la región.
Móstoles va a arreglar sus colegios: el pleno municipal ha aprobado este miércoles 6 de junio una modificación presupuestaria para garantizar que este verano las obras que necesitan 26 centros de la localidad se pueda llevar a cabo. Esto, que no parece una gran noticia, sino una cuestión de cajón, en el fondo sí es una gran noticia. ¿Por qué? Porque el gobierno regional lleva más de dos años haciendo oídos sordos a las reclamaciones de la comunidad educativa mostoleña y a sus responsables políticos, y porque el Ayuntamiento, a través de esta decisión del pleno, decide tomar el toro por los cuernos y no someterse a las presiones políticas de la Puerta del Sol.
Porque hay que señalar que los centros educativos son competencia de la Comunidad de Madrid, a través de las consejerías de Educación y de Infraestructuras, y el Ayuntamiento es únicamente responsable del mantenimiento de los centros. Esto es, de las reparaciones menores: ventanas rotas, luces fundidas… Mientras, el gobierno de la Comunidad, ahora encabezado por Ángel Garrido, es el responsable de todas las demás necesidades de los colegios, necesidades que no ha atendido ni dejado atender en una actitud a la que en el pleno el concejal de Medio Ambiente de Móstoles, Miguel Ángel Ortega, se ha referido como “la Comunidad del Hortelano, que ni arregla ni deja arreglar”.
Hacemos un pequeño repaso: en el año 2016, el pleno municipal en octubre aprueba una moción para instar a la Comunidad a que asuma su responsabilidad y arregle los colegios. Porque los centros de Móstoles tienen de media entre 30 y 40 años, y necesitan reformas importantes muchos de ellos, desde cuestiones de accesibilidad o la reforma de baños o incluso la retirada de amianto -un material típico en todas las construcciones de esos años- de algunas cubiertas, como la del colegio Alonso Cano.
Ante los oídos sordos de la Comunidad, tal y como ha relatado en el pleno extraordinario y relató en el pleno ordinario de mayo el concejal Ortega, el equipo de gobierno decidió incluir estas obras, cuyo montante supera los 4 millones de euros, a cargo del Programa de Inversión Regional (PIR). El PIR es un presupuesto del que disponen los ayuntamientos para realizar todo tipo de obras, financiado en un porcentaje de entre un 20 y 30 por ciento por el Ayuntamiento y el resto por la Comunidad. En el caso de Móstoles, dispone de un presupuesto de 12 millones -el reparto de este presupuesto es bastante discrecional por parte del gobierno, que lo ha utilizado tradicionalmente como herramienta de desigualdad y premio político a los ayuntamientos del mismo color, pero eso es otra historia-.
Todo este proceso burocrático del PIR se ha dilatado durante más de un año, según el relato del concejal, por los requerimientos de la Comunidad, que sólo se explican para él como “una estrategia para entorpecer” este recorrido y poner trabas, porque los requerimientos iban desde que el Ayuntamiento certificase que era “el titular de los colegios” -¿quién si no?- a que “ordenase la información en los documentos de otra manera”, literalmente. Todo esto, con el proyecto dado de alta, aprobado -”el único en toda la Comunidad para arreglar los colegios”, ha dicho Ortega-.
Así, y temiendo que esta estrategia de la Comunidad pudiese acabar conduciendo a que las obras, otro año más, no se hiciesen, con esta medida el Ayuntamiento se ha dotado de fondos suficientes para acometer una primera tanda de arreglos este verano, que se llevarán a cabo en 26 centros, tal y como estaba recogido en el contrato que fue adjudicado este mes de enero.
¿Es cosa de Móstoles?
Una de las críticas que está haciendo el PP, directa e indirectamente, es que en el Ayuntamiento “no saben rellenar papeles”. La realidad es que esta misma situación se está repitiendo en Leganés, en Getafe y en Alcalá, según hemos podido constatar en Voces del Sur. En la ciudad pepinera es seguramente donde se esté dando la situación más grave.
El pasado 31 de marzo la comunidad educativa del Miguel de Cervantes de Leganés se manifestó frente al colegio para exigir que el procedimiento administrativo no se estancase y perjudicase al colegio. Este centro es uno de los más olvidados en la promesa de reforma integral a cargo del PIR: saneamientos, patio, cubierta, desagües, el propio cierre del colegio…Vamos, prácticamente todo el colegio: unas obras valoradas en dos millones y medio de euros.
Nacho López es miembro de la junta directiva del AMPA, y nos cuenta un proceso muy similar al que se ha vivido en Móstoles con las trabas de la Comunidad y una realidad clara: “a nosotros nos da igual el problema de competencias, lo que queremos es el arreglo del colegio, ya que estamos llegando a una situación límite”. La situación límite a la que se refiere no es una portería rota, es que en el sistema de extinción de incendios no existe presión suficiente por deficiencias en la red para que tengan la garantía de que pueda funcionar correctamente en caso de un incendio.
“Pese a que sabemos que este verano está perdido”, nos cuenta Nacho, “luchamos para que las obras se acometan al menos en 2019, y continuaremos con las movilizaciones; con nuestras concentraciones frente al Ayuntamiento de Leganés, recogiendo firmas, reuniéndonos con el Defensor del Pueblo e incluso estamos dispuestos a marchar hacia la Asamblea de Madrid”.
