Incomprensiblemente, un gobierno de coalición PSOE-Podemos está provocando un escándalo en la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid por su inacción en el Área social y de mayores, la más sensible en plena crisis sanitaria.
Todo empezó a ir mal el pasado verano, cuando se conoció públicamente que la concejala Dolores Triviño (PSOE), dejó morir dos programas sociales de protección a personas sin hogar, uno de los cuales, llevaba quince años en funcionamiento para acompañar a dichas personas, asegurarse su alimentación, derivarles a servicios sociales y procurar su inserción sacándoles de la calle. El otro, denominado programa Hábitat-Housing First, fue puesto en marcha en 2017 por el anterior gobierno de coalición entre el PSOE y Ganar Móstoles, dando cobertura en diez pisos monitorizados a otras tantas personas que llevaban más de siete años viviendo en la calle. Dicho programa, le valió a la ciudad el reconocimiento de la Red de Ciudades por la Inclusión y la Erradicación del Sinhogarismo, además del Gobierno de España, que situaba, en un informe del Ministerio de Administraciones Públicas, a Móstoles como la tercera ciudad más destacada frente al sinhogarismo.
En las mismas fechas, la misma concejala eliminó otro programa de mediación en alquiler a población vulnerable, dejando en un limbo a trece familias afectadas.
Pero tan solo era el principio de una demolición general. ¿Las siguientes víctimas? Nada menos que las personas mayores.
En el mes de marzo, el gobierno Psoe-Podemos decide trasladar al coordinador de mayores, Juan José Rodríguez Gonzalo, a una nueva plaza como Director General de la empresa municipal Móstoles Desarrollo.
En el proyecto de presupuestos presentado por el gobierno PSOE-Podemos para 2021, según han denunciado varios partidos en redes sociales, se contempla una subida salarial de 12.000 € anuales para el Director General, que cobrará más de 4.200 euros al mes.
Dicho responsable, ocupó su nueva función sin dejar resuelto el contrato de actividades de los centros de mayores, lo que llevó al gobierno municipal a una prórroga forzosa que expira el próximo 31 de diciembre de 2020.
La finalización de dicha prórroga, sin que la concejala responsable Dolores Triviño elevase los nuevos pliegos necesarios para licitar un nuevo contrato una vez finalizase esta, ha provocado que el puesto de trabajo de las treinta y siete personas que prestaban dichas actividades en los centros municipales de mayores, de los que se benefician 1.200 usuarias y usuarios, finalice a finales del mes de diciembre, sin que exista un nuevo contrato ni soporte jurídico que permita continuar con las actividades.
Esto significa que a partir del uno de enero y hasta próximo aviso, los centros municipales de mayores permanecerán sin actividades y treinta y siete personas engrosarán las filas del paro, algunas de las cuales llevaban más de veinticinco años desempeñando tales labores.
Pero no acaban aquí los problemas, también el servicio de cocina de la Residencia Pública Juan XXIII se ha visto gravemente afectada por la gestión de Dolores Triviño al frente de la concejalía.
Tampoco se renovó el contrato y las seis personas que trabajaban, con antigüedades de hasta 32 años, no podrán seguir realizando su trabajo.
Como solución de urgencia, el gobierno municipal ha dispuesto un cátering que no parece reunir las condiciones adecuadas, a tenor de las fotos publicadas por el Portavoz de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega Sanz.
A ello cabe sumar las demandas de la Plataforma vecinal “Red de Apoyo Mutuo de Móstoles”, que afirma haber tenido que cubrir las necesidades alimentarias de 260 familias desde el inicio de la crisis sanitaria.
Un desastre social sin paliativos, bajo la gestión de un gobierno que se presume progresista y que afirma, a menudo, no dejar a nadie atrás.
