Más de 50 organizaciones impulsan una manifestación para el próximo sábado, 26 de febrero. A las 12:00 partirá de la calle Atocha y finalizará en la Puerta del Sol, ante el Gobierno regional
Una ley que «empaqueta» reformas de muchas cuestiones distintas y que une a todos los colectivos en su contra.
Más de 50 organizaciones de la sociedad civil madrileña se han unido para tratar de paralizar la aprobación de la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, una norma de enorme transcendencia que supone un golpe durísimo contra el medio ambiente y servicios y derechos públicos. Ante su próxima aprobación en la Asamblea de Madrid, estos colectivos hacen un llamamiento a los madrileños y madrileñas a salir a la calle el próximo sábado, 26 de febrero, a las 12:00, desde Atocha hasta la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol. En la marcha participará un cortejo de diez vehículos de taxi, uno de los colectivos directamente afectados por la ley.
Un cortejo de vehículos de taxi participará en la marcha que busca frenar la inminente aprobación de la ley en la Asamblea de Madrid.
Los colectivos convocantes denuncian que la nueva norma -que el Gobierno regional quiere que se apruebe con prisas y ocultando las alegaciones ciudadanas- uberiza aún más el transporte, supone un regresión sin precedentes en la protección de la naturaleza, permite más especulación con las viviendas y dotaciones de ciudades y pueblos y atenta contra la transparencia en la Administración
Un aspecto singular del Proyecto de Ley es la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria que podrá realizar contratos de bienes y servicios que se asemeja mucho al reciente caso de presunta corrupción que ha salpicado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso
El pasado 16 de febrero el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus. Tras este paso, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha remitido el texto a la Asamblea de Madrid para su debate y votación durante el mes de marzo. Nadie entiende las prisas del ejecutivo en aprobar una norma que, recordemos, modificará 33 leyes y 5 decretos e introduce 15 nuevas disposiciones de muy diversos ámbitos.
Apenas han pasado dos meses desde que La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior hiciera público el anteproyecto de la ley , un texto que se sometió a consulta pública durante un escaso período de 7 días, en plena Navidad y en pleno desarrollo de la sexta ola del Covid 19. Esta decisión se basó en una supuesta urgencia que a día de hoy no se ha justificado. A pesar de las dificultades la ciudadanía se movilizó y se llegaron a presentar hasta 600 alegaciones y más de 50.000 firmas solicitando la paralización de la nueva norma.
Después de todo el esfuerzo realizado, los colectivos sociales consideran muy grave que ni las alegaciones ciudadanas ni las 51.700 firmas presentadas formen parte del expediente que se ha remitido a la Asamblea de Madrid. Es decir los grupos parlamentarios no tendrán acceso a esa documentación. Es una muestra más de la opacidad con la que se está tramitando esta nueva ley.
Ante la inminencia de la aprobación de esta la Ley Ómnibus, las entidades convocantes de la marcha del sábado, entre las que se encuentran asociaciones vecinales, ecologistas, juveniles, de transporte, sindicatos, ONG, colectivos por la sanidad pública y por el derecho a la vivienda y asociaciones en defensa del patrimonio, redoblan sus esfuerzos para convertirla en un grito multitudinario de protesta. Una norma que encuentra una amplia contestación, no solo política sino también social.
¿Qué consecuencias tendrá la ley Ómnibus?
Recordamos que la Ley Ómnibus afecta a temas tan dispares e importantes como hacienda, ordenación del territorio y urbanismo, regulación de la flora y fauna, vías pecuarias, parques regionales, ordenación del transporte urbano, Ley del Juego, carreteras, policías locales, Renta Mínima de Inserción (RMI), menores, uniones de hecho, transparencia y participación, sanidad pública, igualdad, lucha contra los incendios, emergencias o deporte. Y, tal y como está hoy concebida, en urbanismo reduce las cesiones de suelo público (para equipamientos o zonas verdes), externaliza la gestión de licencias y permite la ejecución de los llamados Proyectos de Alcance Regional (como el fallido Eurovegas) en cualquier clase de suelo, independientemente de su protección. Además, promueve el modelo de vivienda protegida privada frente al modelo de vivienda pública y social y elimina la «red de viviendas públicas o de integración» como uso posible de los suelos cedidos a los ayuntamientos.
En materia sanitaria, establece la creación de una Agencia de Contratación, que de forma opaca y sin control de la Asamblea o de la ciudadanía podrá realizar contratos de bienes y servicios, un ente a todas luces innecesario pues la Comunidad de Madrid dispone para los mismos fines de su Junta Central de Compras. En el marco de esta nueva agencia, en periodos de crisis y emergencias la presidenta y el vicepresidente de la Agencia podrán realizar todos los contratos a dedo que deseen, un hecho que suena a broma macabra después del último caso de presunta corrupción descubierto en la región y que implica al hermano de Isabel Díaz Ayuso por la compra de mascarillas sanitarias.
En medio ambiente, la Ley Ómnibus incentiva el uso económico de las vías pecuarias, reduce la protección de los montes públicos y espacios protegidos (como los parques regionales del Jarama, Manzanares y Sureste), al permitir actividades como la caza, la construcción y la instalación de negocios hosteleros que antes estaban prohibidos. Además, reduce la protección de parte del la flora silvestre y del arbolado que no está estrictamente protegido.
Respecto al transporte, además de incluir diversas referencias a su liberalización y ni una sola línea al fomento del transporte público, supone un nuevo golpe para el taxi, al eliminar las restricciones actuales a los VTC como el tiempo mínimo de precontratación o la necesidad de volver a la base después de cada servicio. Además, permite que los vehículos con distintivo ambiental C, es decir, los más contaminantes, sigan circulando por vías urbanas hasta 2027, algo que Madrid Central no permitía.
Por otro lado, presenta duplicidades que empeoran el procedimiento para la obtención de la RMI, reduce los requisitos para la contratación del personal de las residencias y limita la participación y los controles democráticos, así como la transparencia en diversos ámbitos públicos como la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública.
La organizaciones convocantes de la manifestación del próximo sábado llaman a la movilización para detener esta ley. A la que consideran un ataque a los servicios públicos y a la ciudadanía.
