El escenario de una pandemia mundial, como cabe esperar, resulta nefasto para el empleo. Los sectores más afectados, turismo y comercio. En España, el primero de estos supone el mayor sector económico del país, aportando al país, según datos de agosto de 2019, un 14’6% del PIB y cerca de 2’8 millones de empleos, 1 de cada 3 de estos dándose de manera temporal, siendo el sexto país con una mayor tasa de este tipo de contratación en la Unión Europea. Las restricciones que se dieron a la movilidad por causa de la cuarentena impuesta por la crisis de la COVID-19 frenaron por completo la economía española, afectando con una importancia mayor dado el contexto de pandemia y confinamiento a los mayores sectores productivos de nuestro país.
Lo importante, sin embargo, no sólo se trata de la economía del país en términos absolutos, sino como no, de los que más han sufrido las consecuencias de esta crisis sociolaboral, los trabajadores, que han visto como la imposibilidad de trabajar amenazaba directamente sobre sus puestos de trabajo.
¿Y quienes son los encargados de velar por la defensa de los trabajadores? Pues en última instancia, los sindicatos, sí, las uniones privadas de trabajadores que tienen como principal fin la defensa de los intereses de estos. Ahora bien, ¿es suficiente la labor que han desempeñado durante meses tan cruciales como los que se vienen dando desde marzo para cumplir esta función?
Los principales sindicatos de este país, UGT y CCOO, que copan entre ellos casi el 70% de la filiación sindical en nuestro país dan por supuesto que sí, aunque bien es cierto que les gustaría llevar el debate más allá de las acciones llevadas a cabo hasta ahora, que se centran en el dialogo social con la patronal y el Ministerio de Trabajo que acabó con una serie de medidas destinadas a sofocar en la medida de lo posible los graves efectos que la pandemia podría tener sobre los trabajadores. La medida que estos consideran más eficaz para la no aniquilación del empleo es sin duda la instalación de los Expedientes Regulatorios Temporales de Empleo (ERTEs).
LOS ERTEs, UNA MEDIDA DE MITIGACIÓN.
Los ERTEs se facilitaron por parte del Gobierno en España tras la declaración del Estado de Alarma por vía del Real Decreto 463/2020 entrando en vigor el 28 de marzo estas medidas para frenar la situación por medio del Real Decreto-ley 8/2020, y se basan en la petición por parte de la empresa de suspender o de reducir sus contratos de plantilla, pasando a una situación en la que al menos no se pierde el puesto de trabajo. Este Real Decreto-ley a su vez veta la rescisión de contrato por las causas que permiten el despido objetivo y que bien podemos leer de su texto:
«La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido».
En este párrafo, podemos observar la puntualización que en efecto pretende blindar los contratos y prevenir del despido masivo de trabajadores por parte de las empresas, acogiéndose a lo establecido también en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores.
Volviendo al tema que nos atañe, aparecen como no nuestros protagonistas de nuevo, los sindicatos, que no sólo intervienen en la propuesta de estas medidas sino que una vez anunciados estos ERTEs por la patronal, esta deberá reunirse en comisión en un plazo de 7 días con la representación de los trabajadores, que sin meternos demasiado en materia, según el ordenamiento laboral de España se trata en la mayoría de casos de la compuesta por la representación por parte de los sindicatos.
Estos ERTEs, según el Real Decreto mencionado anteriormente, serían revisados en su totalidad por las autoridades competentes y podrían ser denegados a las empresas si estas fuesen servicios esenciales (como es el caso de las clínicas médico privadas en medio de una pandemia) o tuviesen que aportar unos servicios mínimos y el ERTE regulase una suspensión total de la plantilla. Intentando proteger también los contratos temporales, que tras la finalización del Estado de Alarma o cuando las condiciones permitiesen la finalización de los ERTEs deberían seguir por el tiempo que se hubiese firmado.
Sin embargo, y como nos indican los datos, el empleo temporal, que tiene un gran peso en el mercado de trabajo español (el más alta de toda la Unión Europea, con un 26’9%) sufriría el 80% de la destrucción de empleo total que se ha dado en estos meses de pandemia en nuestro país. Lo que nos lleva a pensar dos cosas, o bien que la destrucción del empleo temporal es totalmente lógica dados los acontecimientos, o que las medidas eran insuficientes para proteger un tipo de trabajo tan inestable como el temporal. Hay algo que sí está claro, y es que fuera una u otra la razón de esto la importancia del mercado laboral temporal en nuestro país requería de un análisis más exhaustivo y de un mayor blindado en pos de evitar una situación nefasta para todos.
Estos hechos evidencian uno de los mayores problemas laborales de España, la precariedad del mercado de trabajo. Situación que algunos sindicatos de nuestro país, como es el caso de CCOO, UGT y USO en la Comunidad Autónoma de Madrid, han aprovechado para lanzar posibles medidas y reflexiones hacia el futuro acerca de la viabilidad de dependencia en sectores como el turismo, centrando sus miradas en una reestructuración del modelo productivo de la región, hacia otros ámbitos que no sufran tanto las consecuencias de una situación crítica como la que estamos viviendo.
Como observamos en el gráfico presentado, en su mayor pico en medio de la pandemia, el número de trabajadores en ERTE llegó a ser de cerca de 4 millones, estos no se pueden incluir en la estadística de parados, pues su situación es la de un expediente regulatorio de empleo, pero nos sirve para ver la incidencia de la aplicación de los ERTE en nuestro país, que en su pico se situó por encima del total de parados en el segundo trimestre del año. Sin embargo, este dato va con trampa, pues las personas que se beneficiaban de la prestación por ERTE no cobran su nómina al completo, sino que en aquel momento cobraban el 70% de esta, y a partir de este septiembre, el 50%, a la espera de un consenso social entre patronal, sindicatos y gobierno por prorrogar estos a partir del mes de septiembre.
Tema, por otra parte, importante y vital para los sindicatos, que ante la situación de la “segunda ola” que vivimos actualmente no se puede prever la necesidad de futuros ERTEs y sobre todo, de proteger a los trabajadores que aún se encuentran en esta situación, que aunque en un número menor que en las cifras más elevadas del confinamiento, necesitan de esta protección que proporciona la regulación de empleo. En las discusiones que se están dando ahora los sindicatos piden al Gobierno ceder en el tema de la prórroga ante la incertidumbre laboral y económica que nos asola.
De todas formas, en un pequeño ejercicio de opinión personal, cobrar el 50% del salario no es suficiente, es mejor que quedarte sin tu puesto de empleo, claro, pero no da ninguna seguridad económica a los trabajadores. Los sindicatos piden lo posible para que los trabajadores no sean los que se vean obligados de nuevo a pagar una crisis, aunque esto se antoja complicado.
Otro dato importante a tener en cuenta es la destrucción de empleo desde el primer trimestre del año hasta el segundo, donde según datos del INE se destruyeron cerca de 1 millón de empleos, una cifra que considero elevada ya que esto supone el 5% del empleo de nuestro país. Esto se debe en gran parte, a como veníamos comentando, a la estructura del trabajo en España, en la que el empleo temporal tiene un peso elevado.
SINDICATOS, ¿SUFICIENTE?
El panorama que nos deja la pandemia nos hace llegar a la gran duda, ¿cumplen los sindicatos con su función? ¿Podrán hacer más? ¿Qué pueden hacer? Y es sin duda que estos intentan ayudar a los intereses del trabajador y que velan por la seguridad laboral de estos. No podemos negar que la facilitación de los ERTEs haya reducido el impacto social de la pandemia, aunque lo más importante es mirar hacia el futuro, a como saldremos de esta situación y en qué condiciones.
¿Sus próximos objetivos? No quedarse atrás en los nuevos retos que se les vienen por delante y ser rápidos en el nuevo panorama sociolaboral, en el que con medidas como el fomento del teletrabajo se han establecido (o mejor dicho, reforzado) diferentes tipos de relaciones laborales. La actuación de los sindicatos será clave en el futuro de la ley que regule el trabajo a distancia, y de hecho, los sindicatos, conocedores de esta situación, no tardaron en señalar la importancia de una ley de este tipo, llegando a un preacuerdo el pasado 8 de octubre.
Sin embargo, y a pesar de lo dicho, la situación del sindicato en España en la actualidad no es la idónea, cabiendo mencionar la erosión de la figura de estos, que, aunque en la ley se erijan como una de las principales figuras en el sistema sociolaboral español, su poder y su calado entre la clase trabajadora se ha visto debilitado debido a varias razones. Una de estas, el discurso que se ha tenido sobre los sindicatos, que ataca directamente a su legitimidad como grupo que defiende realmente los derechos de los trabajadores, así como la desmovilización obrera. Junto a la actuación personal de algunos líderes sindicales en nuestro país, que ha servido a ciertos sectores para criminalizar y empeorar la imagen de los sindicatos en su conjunto.
Y aunque esta situación de debilitamiento se da a nivel internacional desde hace décadas, en España se nota con especial ahínco cayendo a un 13’7% de afiliación sindical según recientes estudios de la OCDE, su nivel más bajo desde 1990. Siendo otra de las razones que se tratan sobre a qué se debe esto es el modelo sindical del país y del sistema democrático en la elección de sindicatos para la representación de los trabajadores, pues, dada la libre participación de todos los trabajadores en las elecciones de personal sindical, esto no incita a la afiliación sindical, ya que la gente vota y se desentiende en gran medida de la actuación de los sindicatos.
Hay diversos debates acerca de nuevos modelos de elección sindical que incluyen posibilidades como un modelo mixto que se base en la audiencia electoral-afiliación sindical, o que sólo puedan acudir a las elecciones sindicales los trabajadores sindicados, lo cual incentivaría a la afiliación sindical y, en última instancia, aumentar el poder de los sindicatos, lo que beneficiaría a la totalidad de los trabajadores.
La lucha de los sindicatos en ningún caso se debe reducir a lo hecho hasta ahora, sino que los debates importantes en el ámbito laboral español están por venir, empezando por la derogación (o revisión) de la última reforma laboral y proponiendo una reestructuración del empleo a gran escala para acabar con la precarización que nuestro sistema ha venido sufriendo en los años posteriores a la crisis económica de 2008. Como estos mismos defienden, esta situación no nos puede llevar a empeorar la situación en la que estábamos, sino que esta a su vez es una oportunidad para salir reforzados y para poner nuestro empeño en mejorar la vida de los trabajadores.
