Entre la falta de acuerdos en el sistema público y el fracaso de las pensiones privadas
El 15 de enero del 2018 miles de pensionistas se manifestaban en Bilbao por la pérdida del poder adquisitivo en sus pensiones. Desde entonces, en las principales ciudades del país se han venido produciendo semanalmente distintas concentraciones en ese sentido. El origen de estas protestas fue la “subida” de las pensiones del 0,25% para el 2018 por parte del ejecutivo del PP, mientras el Índice de Precios al Consumo (IPC) a mediados del 2018 superaba el 2%. La subida no era más que una pérdida del poder adquisitivo. Las últimas modificaciones de la ley de pensiones se realizaron tras la crisis económica, en 2011 con el PSOE y en 2013 con el PP. Por un lado se dejo de tomar como referencia el IPC para sustituirlo por el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) con un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC+0,50% en función del superávit de la Seguridad Social. Y por otro se introdujo el llamado Factor de Sostenibilidad, que es un mecanismo de ajuste de las pensiones en función de la esperanza de vida y que detallaremos más adelante.
En 2011 el objetivo cambió. Había que bajar el déficit público a costa de garantizar unas pensiones dignas
En 2011, el Fondo de Reserva de las pensiones acumulaba 66.800 millones. En 2019 apenas quedan 5.000 millones e “hipotecándose”. Creado en el 2000, este fondo ahorraba los superávits de la Seguridad Social provenientes de las cotizaciones aportadas por trabajadores, empresarios y las del propio Estado mediante parte de los tributos. En 2008 y 2009 se generaron 14.000 millones de superávit que no fueron sumados a este fondo sino que se destinaron a hacer frente a un déficit público galopante, provocado en gran medida por el rescate a la banca privada (en torno a un 10% ese año). En 2011 las presiones de los mercados internacionales y las “recomendaciones” ,formuladas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo; originaron una modificación “exprés” del artículo 135 de la Constitución, conocida como “estabilidad presupuestaria”. El objetivo cambió. Había que bajar el déficit público a costa de garantizar unas pensiones dignas. Todas las partidas presupuestarias para el desempleo y la activación del mercado laboral tras las crisis no fueron contabilizadas como corresponde en los Presupuestos Generales (PPGG) de cada año, ya que si no, el déficit podría aumentar. En su lugar, se usaron los recursos del Fondo de las Pensiones para hacer frente al pago de los subsidios y ayudas sociales a las que había que hacer frente, además de efectuar el pago propiamente de las pensiones. Un “atajo” legal para bajar el déficit, cumplir con Europa pero “hipotecando” el futuro.
Desde el 2008 no ha habido más compensaciones respecto a la inflación y desde la modificación del 2013, la subida de las pensiones ha sido la mínima posible (0,25%). A pesar de la recuperación económica reflejada en el PIB desde el 2014, a pesar de crecer por encima de la media europea y a pesar de los ajustes hechos durante esta década (el déficit público se redujo de un -10% a un – 2,6%), no hubo un aumento. ¿Por qué? ¿Por qué no subieron las pensiones al máximo? Porque la misma ley del 2013 estimaba una revalorización máxima en caso de tener un superávit en la Seguridad Social, que era obvio no se iba a producir tras usar esos fondos para fines distintos. Año tras año, el Fondo de Reserva ha menguado hasta los poco más de los actuales 5.000 millones, obligando al Estado a “prestarse” dinero a sí mismo, para hacer frente al pago de las pensiones pero aumentando el déficit en la Seguridad Social y por tanto, haciendo imposible un aumento en las mismas que no fuera el mínimo del 0,25%. ¿Por qué el Estado se ha “prestado” dinero y no ha inyectado más dinero a la Hucha de las pensiones? Porque si en lugar de financiarse mediante emisión de deuda pública destinara parte de los tributos que ingresa cada año a través de los PPGG, no cumpliríamos con el objetivo del déficit público -3%. Recuerde bien, y compare la repercusión mediática de la modificación del artículo 135 de la Constitución con el efecto del procés catalán. El capital retirado desde el 2012 ha sido mucho mayor al ingresado por los intereses de la emisión de la deuda y por tanto, llevamos 7 años seguidos en déficit, obligándonos a encontrar una solución para que no quiebre nuestro sistema de pensiones, y por tanto con subidas mínimas del 0,25% sin estar ligadas al IPC.
El Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde todos los partidos políticos deben acordar el sistema público de pensiones, funciona desde 1995 periódicamente, y de él salen las propuestas que se votarán más tarde en el Parlamento. Actualmente no ha llegado a un consenso para reformar el sistema para los próximos 5 años. La proximidad de las elecciones generales, las distintas posturas sobre las 19 recomendaciones negociadas, la presión para cumplir con el déficit público y la aplicación del Factor de Sostenibilidad han hecho imposible un preacuerdo antes del 28 A.
El Factor de Sostenibilidad reducirá las pensiones de un 82% a un 50 % del último salario en 2060. Recordemos que el Factor de Sostenibilidad, instrumento creado en el 2013 para ajustar las pensiones públicas, aún no se está aplicando y se ha retrasado hasta el 2023 a la espera de un acuerdo en el Pacto de Toledo. El objetivo de este mecanismo es salvar el sistema público de pensiones del colapso reduciendo la Tasa de Reemplazo público para sustituirlo por un sistema de pensiones privado. Según la OCDE la Tasa de Reemplazo en Reino Unido y Alemania supone poco más del 30%, mientras en España, esa tasa es de un 82%. El factor de sostenibilidad tratará de fomentar el sistema privado para compensar la pérdida de poder adquisitivo cuando sólo suponga un 50 %, pero el mercado laboral y el modelo económico de nuestro país no son comparables.
El principal desafío de la próxima década será la gestión de los tributos, cuyo principal objetivo debería ser la progresividad de los mismos, como marca la Constitución. Unido a un déficit público endémico y la ausencia de políticas y competencias comunitarias, que a nivel social, compensen los desequilibrios de sus economías, las sociedades de la UE se enfrentarán a un futuro incierto donde el número de pensionistas crecerá y las personas en edad de trabajar, será menor. La tasa de desempleo histórica en 40 años de democracia ha sido el doble a la media europea, y la actual, de un 14%, refleja la ineficacia de todas las políticas del PP y del PSOE en materia laboral, que tras la crisis, ha consumido precisamente el Fondo de Reserva de las pensiones en ayudas para un mercado laboral precario y temporal, cuyas cotizaciones no han sido significativas para volver a llenar la hucha.
La opción de las pensiones privadas empieza tarde y no es rentable. Mientras en algunos países de Europa las
empresas retienen de la nómina de sus trabajadores un porcentaje para un plan de pensiones colectivo además de abonar parte de ella, en España apenas existen, y tampoco aparece ninguna recomendación en el actual Pacto de Toledo para legislar sobre esta posibilidad. La otra alternativa privada son los planes de pensiones particulares. Según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco) en 2018
se perdió un 4,08% de rendimiento y en el de 15 y 20 años apenas cubrió la inflación con un 2,54% y un 2,05% respectivamente. Paradójicamente el rendimiento del IBEX 35 entre 2003-2018 fue de un 118% y la de los Bonos del Estado, de un 95% en 15 años. Esto supone un mal negocio y una mala opción de cara a la dirección que deberían tomar las políticas nacionales y comunitarias para garantizar la suficiencia económica a la tercera edad, un sistema de pensiones adecuado al coste de la vida y no ajustado a un déficit, cuyos beneficiarios no han provocado.
Las soluciones, más allá de las competencias nacionales en la materia, deberían aportarse desde el seno de las instituciones europeas, cuya dirección liberal marcada desde Maastricht en 1992, está dirigida a la liberalización de mercados, exportando capitales en industrias que podrían generar puestos de trabajo de calidad; y la supresión de aranceles, con los que podrían financiarse las políticas sociales de cada Estado miembro. La disminución en la carga impositiva de las grandes fortunas, la ausencia de reintegros de las grandes compañías al mercado único y la desviación de beneficios a paraísos fiscales, no están ayudando a potenciar un tejido productivo ecológico y de transición energética que favorezca la creación de nuevos puestos de trabajo con los que sufragar las cotizaciones. La principal fuente de ingresos de la UE es el IVA, el impuesto sobre el consumo. Supone 2/3 del total de los ingresos y demuestra claramente la ineficacia de las políticas comunitarias en materia de progresividad fiscal, abonando el campo de las desigualdades y enfrentamientos sociales en el seno de la UE. Los ciudadanos, cada vez más precarizados, se sienten abandonados por un sistema de bienestar que hizo posible el proyecto europeo de la UE. Al igual que se avanzó en la creación de un mercado único que favoreciera el mercado interno y el consumo, ya es hora de dar un paso más en las competencias sociales para garantizar precisamente el estado de bienestar en el que se fundó.
