El 3 de enero de 2022 saltaba la noticia de la detención de una red de explotación de menores intervenida por la policía en la Comunidad de Madrid. En la Operación Sana más de 30 personas estaban acusadas de prostituir a una decena de niñas y adolescentes menores de edad, vejarlas, abusar de ellas sexualmente y utilizarlas para el tráfico de drogas.
La mitad de estas menores estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su cuenta oficial en Twitter publicó que la información, proveniente de la policía, era falsa. Un posicionamiento similar al de la Consejera de Políticas Sociales, Concepción Dancausa, que comunicó que las menores no estuvieron tuteladas por la administración regional hasta después de la actuación policial.
La policía no sólo desmintió estas afirmaciones, sino que aclaró que la investigación había comenzado en abril de 2021 al observar la fuga en repetidas ocasiones de una de las menores, del centro de acogida de Picón del Jarama, que se reunía con hombres con los que mantenía relaciones sexuales a cambio de drogas y dinero.
La joven indicó que más compañeras internadas estaban en la misma situación. Apenas unos meses después, la Fiscalía puso en conocimiento de la Dirección General de Infancia dependiente de la Consejería otros dos casos similares.
Un problema político: excusas e inacción
La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intentó en un primer momento eludir la responsabilidad del gobierno regional declarando que los abusos se produjeron fuera de los centros. Pero tras cinco meses de opacidad sobre el caso, estos últimos días de acusaciones y contradicciones pusieron en marcha a la oposición en la Asamblea de Madrid.
La líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Mónica García, enviaba el 12 de enero una carta a Díaz Ayuso pidiéndole una reunión urgente para abordar la situación y proponer mejoras en el modelo de centros de acogida, tras haber solicitado la visita a los mismos para conocer la situación de primera mano. Días más tarde, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, registró una petición para crear una comisión de investigación del caso en el parlamento autonómico que tan sólo fue apoyada por Más Madrid y Podemos.
Finalmente, Díaz Ayuso convocó a todos los grupos parlamentarios a una reunión fruto de la petición de Más Madrid a la que, sin embargo, la Consejera de Política Social se ausentó excepto en los encuentros con el propio Partido Popular y Vox.
Tras la reunión y, ante la falta de respuesta por parte del gobierno del PP, Más Madrid ha solicitado la reprobación de Dancausa quien comparecerá en el Pleno del jueves 3 de enero sobre el caso.
Un modelo de centros que no funciona y falta de voluntad política
En la Comunidad de Madrid hay alrededor de 4.000 menores de edad tutelados de los cuales un 40% se encuentran en centros de acogida que son responsabilidad autonómica, más allá de la labor de supervisión del gobierno central.
Pese a las mejoras del sistema de protección a menores que brindó la Ley Orgánica de protección jurídica del menor de 2015, la falta de voluntad política y de financiación no ha cambiado un modelo de centros problemático desde hace tiempo.
La gestión externalizada hace que empresas que concurren a la baja sean quienes terminan consiguiendo la adjudicación del servicio sin priorizar el proyecto educativo y de cuidado de los niños y niñas. Además implica una deficiencia de recursos materiales y personales y condiciones laborales precarias para las y los trabajadores.
La falta de plantilla suficiente hace que exista una alta tasa de abandono y temporalidad del personal, dificultando el desarrollo de proyectos a medio y largo plazo e impidiendo que las y los jóvenes desarrollen vinculaciones emocionales sólidas tan importantes en situaciones de tutelaje.
Todo esto, sumado a la falta de recursos y adecuación de los centros, hace que en muchas ocasiones las y los menores los abandonen en busca de una vida mejor, convirtiéndose en una presa fácil para las mafias y las redes de tráfico de personas y drogas según indica la Fundación Raíces.
Tampoco existen planes específicos para las víctimas de abusos en estos centros, ni formación del personal para afrontar estas situaciones ni prevenirlas. La frustración de la plantilla de los centros queda recogida en el sumario del caso bajo la frase “No podemos hacer nada”.
Un problema social: irresponsabilidad y abandono
El de Madrid es un caso grave, pero no es el único. Un informe de UNICEF, de 2017, detectó situaciones similares en siete de las nueve comunidades autónomas investigadas. Y aunque los medios se han hecho eco de casos como el de Canarias, Castilla y León, Baleares o Valencia muchos partidos políticos los han utilizado como arma arrojadiza.
Una de las primeras excusas que dio Díaz Ayuso al declarar sobre el tema fue que no se trataba de una situación sistémica como sí ocurría en Baleares, donde el PP había hostigado al gobierno autonómico formado por el PSOE, Podemos y Més.
Y es que la cámara madrileña ha sido un nido de acusaciones por parte de la bancada de la derecha hacia el resto de grupos políticos, mucho tiempo antes de que saltara el caso en Madrid y como respuesta a cualquier crítica sobre las políticas de juventud, infancia o servicios sociales de su gobierno.
Tampoco Vox se ha quedado corto en los ataques. Además de su cruzada contra los Menores Extranjeros No Acompañados -que ha incluído acoso y señalamiento de algunos centros de la ciudad de Madrid y campañas publicitarias racistas-, el partido de ultraderecha ha aprovechado para cargar contra las comunidades autónomas donde no apoya a sus gobiernos lanzando campañas sobre inseguridad ciudadana que criminaliza a las y los niños más vulnerables.
Mientras tanto, las menores víctimas de abusos vuelven a los mismos centros con las mismas políticas que las han abandonado a su suerte y que no tienen ningún plan de reparación de lo ocurrido, ni de solución del problema de raíz que las ha llevado a esta situación.
