Huelga de Metro el 24 de Mayo ante la crisis del amianto

Huelga de Metro en distintas comunidades autónomas, Madrid entre ellas, como protesta por la falta de medidas de seguridad ante la crisis del amianto.

Los recientes casos y resoluciones judiciales han propiciado estas protestas de los trabajadores y trabajadoras de Metro.

La empresa pública, gestionada por la Comunidad de Madrid, ha sido condenada a indemnizar con 370.000€ a la familia de un trabajador fallecido por amianto. Metro conocía, según la sentencia, los riesgos y efectos cancerígenos y letales del amianto y no tomó las medidas necesarias de protección.

El pasado 17 de abril la justicia madrileña ha dado la razón a los trabajadores de Metro y a la familia de Julián Martín, el trabajador muerto por un cáncer derivado de la exposición al amianto. Julián ha sido el primero pero ya se ha producido el fallecimiento de otro compañero del suburbano, así como otros afectados de asbestosis. Una enfermedad laboral derivada del contacto sin protección a las fibras de asbestos, fibras que fueron muy utilizadas en la construcción, en la automoción y en otras industrias gracias a sus cualidades aislantes y resistentes.

La sentencia es contundente con Metro, al que condena “por actuación de mala fe”. Tal y como concluyó la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, la empresa pública, que depende en su gestión de la Comunidad de Madrid, conocía desde al menos 1991 los efectos de la inhalación de asbestos.

La evolución de diversas enfermedades relacionadas con la exposición activa o pasiva a fibras de amianto tardan entre 20 y 30 años en desarrollarse, siendo el diagnóstico precoz y el seguimiento médico preventivo el único arma eficaz una vez se ha estado expuesto con cierta continuidad a MCA (material con contenido de amianto). Esta sentencia, y las conclusiones de la comisión de investigación, tienen un importante peso político, ya que Metro de Madrid ha sido gestionado por sucesivos gobiernos del Partido Popular desde 1995 y el dictamen de la comisión fue aprobado por todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid pese a la oposición del PP.

La problemática del desamiantado

Sobre toda esta problemática sobrevuela la cuestión de la necesidad de un plan de desamiantado seguro para eliminarlo antes de 2032, como recomienda la UE, tal y como han expresado en un reciente artículo Paco Puche, colaborador de la secretaría internacional por la prohibición del amianto, y Alberto Oliver, diputado ponente de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y candidato de Más Madrid.

Las propiedades del amianto, o uralita, como popularmente es conocido, hicieron de él un material de construcción y aislamiento eléctrico muy recurrente, pese a que se conocían desde la primera mitad del siglo pasado, y lamentablemente sigue siendo exportado a países con legislaciones con pocas garantías para la salud pública. La legislación obliga a retirar el amianto que sufra deterioro o que haya cumplido su vida útil. Los estudios realizados a lo largo de estos años revelan que el amianto, en función de las condiciones de temperatura y humedad a las que haya estado sometido, se comienzan a descomponer a los 30-50 años, desprendiendo fibras al ambiente. Sin embargo para acometer estas medidas de retirada será necesario intervenir sobre comunidades de vecinos, casas particulares, edificios privados y públicos que afectarán a todas las instituciones y agentes sociales y particulares. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es la institución competente en las obras de desamiantado de edificios tan sensibles como los colegios públicos y el Ministerio de Fomento es responsable de las infraestructuras ferroviarias que usamos cada día.

Sin embargo para acometer estas medidas de retirada será necesario intervenir sobre comunidades de vecinos, casas particulares, edificios privados y públicos que afectarán a todas las instituciones y agentes sociales y particulares. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid es la institución competente en las obras de desamiantado de edificios tan sensibles como los colegios públicos y el Ministerio de Fomento es responsable de las infraestructuras ferroviarias que usamos cada día.

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