Estados Unidos, de defensor de la libertad individual a la esterilización forzosa

La esterilización forzosa continúa siendo una de las prácticas que buscan ser silenciadas pero sin que ello signifique su erradicación. Imposibilitar que una personas pueda tener descendencia incurre en un incumplimiento completo de los Derechos Humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, abrió una puerta a la igualdad entre los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Sus 30 artículos buscaban sentar las bases de los derechos mínimos que tienen todas las personas por el mero hecho de serlo. Su surgimiento supuso un rechazo a las atrocidades ocurridas en la 2 Guerra Mundial.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin embargo, todos los días escuchamos actos que van en contra de los DDHH, y que provocan que no exista una igualdad real y efectiva entre la personas. Incurriendo así en la existencia de prácticas denigrantes hacia las personas y colectivos desfavorecidos o minoritarios. Una de estas prácticas, son las denuncias de mujeres migrantes a las esterilizaciones forzosas que se realizan en Estados Unidos.

Pudiera parecer que eso es una práctica del pasado, superándose a medida que el mundo se ha desarrollado y ha adquirido una mayor conciencia social. Pero si tenemos en cuenta las denuncias de las últimas semanas de mujeres migrantes acerca de las esterilizaciones forzosas, vemos como seguimos incurriendo en actuaciones denigrantes.

La esterilización es un método de control de la natalidad común en nuestra sociedad, muchas personas deciden libremente emplear esta práctica para no tener hijos. Sin embargo, existen casos en los que, principalmente, las mujeres se ven obligadas, muchas de ellas sin saberlo, a la esterilización. Lo cual encierra un grave delito contra la integridad física y moral de estas mujeres, además de ser una práctica no autorizada y moralmente reprobable.

Ejemplos de esterilizaciones involuntarias los encontramos en las 20.000 prácticas realizadas en California en instituciones estatales, asilos y cárceles, entre 1909 y 1979. Estas prácticas fueron autorizados por el gobierno federal, en aras de la protección de la salud pública contra la población “defectuosa”— bajo el convencimiento de que esta práctica mejoraría su condición física, mental y/o moral — y población migrante . La idea base era la concepción eugenista de protección, mejora de la sociedad y selección de la población “defectuosa” con el fin de eliminar a la población con necesidades especiales, siendo esta práctica respaldada por la ley.

Estas prácticas fueron apoyadas por personajes tan ilustres y reconocidos como Winston Churchill, Theodore Roosevelt, Graham Bell— impulsor del teléfono—, y quizás el caso más extremo y conocido de eugenista, fue el de Adolf Hitler quien buscaba impulsar la raza aria a toda costa, realizando esterilizaciones indiscriminadas a discapacitados, delincuentes, disidentes políticos, homosexuales, pedófilos, vagos, dementes, religiosos o débiles.  

“ (…) La sociedad no tiene beneficio en permitir que los degenerados se reproduzcan, (…) Algún día nos daremos cuenta de que el primer deber – el deber ineludible – del buen ciudadano del tipo correcto es dejar su sangre tras de sí en el mundo, y que no nos conviene permitir la perpetuación de los ciudadanos del tipo equivocado. En absoluto”.

Fragmento de la carta escrita por T.Roosvelt (1913) “The Outlook”[1]

Japón es también otro ejemplo de prácticas de control de natalidad forzosas con el objetivo de no tener población “inferior” amparándose en la Ley de Eugenesia de 1948 a 1996. Se estima que cerca de 25.000 personas fueron esterilizadas de las cuales 16.500 no consintieron esta práctica. El Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, acabó pidiendo perdón en 2019 y la Cámara de Consejeros aprobó una ley de compensación a las víctimas.

Uno de los ejemplos más sonantes es el caso de las esterilizaciones forzadas realizadas en Perú bajo el gobierno de Fujimori en los años 90. Esto afectó oficialmente a 314.605 mujeres y a 24.653 hombres, en su mayoría eran población indígena, de zonas rurales y pobres. Por esta práctica ni Fujimori ni su gobierno tuvieron que rendir cuentas ante la justicia.

Un último ejemplo, lo encontramos en España, el Senado tomó la iniciativa para realizar una proposición de ley con el fin de reformar el Código Penal. El objetivo era eliminar la ley que permite esterilizar sin consentimiento a personas discapacitadas, esta proposición fue rechazada por los senadores de Vox. Se estima que en España se han producido unas 96 esterilizaciones forzosas a mujeres discapacitadas.

Volviendo a Estados Unidos, se estima que 70.000 personas han sido esterilizadas en el Siglo XX. En el foco de las prácticas eugenistas estaban personas discapacitadas, personas con problemas mentales, presos/as, vagabundos/as, personas con dependencia a la droga o al alcohol, pobres, inmigrantes y personas racializadas, todo bajo protección jurídica.

Un ejemplo de la obligación a la esterilización hacia población pobre lo encontramos en la sentencia Relf contra Weinberger. El Tribunal de Distrito de Columbia afirmaba que se  obligó a esterilizar a mujeres bajo el pretexto de eliminar sus prestaciones sociales si no aceptaban dicha práctica.

En 1970 fueron derogadas la mayoría de leyes eugenésicas. Esto no implicó el fin de las prácticas, entre 2006 y 2010 el CIR (Centro de Periodismo de Investigación) afirmó que 150 mujeres presas en cárceles californianas fueron esterilizadas sin su consentimiento.

En septiembre de este mismo año, se ha hecho pública la denuncia presentada  por D.Wooten, en nombre de los/las inmigrantes internados/as en el Centro de Detención del Condado de Irwin, en Georgia. Se afirmaba el uso de prácticas de esterilización contra las mujeres migrantes en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sin su consentimiento o sin tener el conocimiento pleno de que supone dicha práctica. Se estima que entre 17 y 18 personas han sido esterilizadas. Más de 170 congresistas han pedido explicaciones al gobierno estadounidense por dichas prácticas.

Estas nuevas denuncias abren un pasado oscuro de la historia estadounidense del cual el gobierno presidido por Donald Trump,  no parece arrepentirse. Las políticas de segregación de la población migrante han sido consecutivas, las traumáticas separaciones de los menores de sus familias en la frontera o las presiones continuas a la población migrante. Esto acabó produciendo grandes oleadas de reivindicaciones que buscaban sacar a la palestra el racismo institucional y social imperante en EEUU bajo el movimiento “Black Lives Matter”.

Estas prácticas de esterilización también construyen una visión de discriminación por género. El grueso de las personas esterilizadas han sido mujeres y a la vista de la denuncia en el centro penitenciario de Irwin, continúan siendo las principales afectadas. Esto demuestra, una vez más, como las mujeres migrantes tienen una discriminación transversal. Por una parte son discriminadas por ser mujeres pero también por ser migrantes, incrementando los efectos y las consecuencias discriminatorias.

Es necesario que organismos internacionales que promueven los DDHH, la justicia y la dignidad insten al gobierno norteamericano —o a cualquier gobierno que continúe practicando esterilizaciones forzosas— a realizar una investigación exhaustiva de las mujeres y hombres que han sido víctimas de esta práctica. Siendo necesaria una compensación a las víctimas y la prohibición absoluta de la esterilización si esta no es absolutamente voluntaria.

No es comprensible que el mundo continúe con políticas que recuerden los tiempos oscuros de la historia. Es de vital importancia una reestructuración de aquellas prácticas, políticas o leyes que continúen alimentando esa idea de ciudadanos/as de segunda por cuestiones de género, condiciones especiales, procedencia, religión…

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