Despidos por dimisiones en el Parque Regional del Guadarrama

El Parque Regional del Guadarrama es uno de los tesoros naturales del oeste de la Comunidad de Madrid. Actualmente está en una situación muy precaria producto de la gestión de los recursos económicos, humanos y legales del Parque. La solución que han tomado los responsables es despedir a la trabajadora que lo ha denunciado.

 

Este mes de febrero el conservador del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, José María González Alcalde, despidió a la vigilante del parque y delegada sindical Soledad Pacho, por haber denunciado públicamente en Telemadrid la gestión que está haciendo la Comunidad del Parque, que va desde las bajadas de sueldo a la plantilla mediante la adecuación a la baja de las categorías profesionales a la licitación de trabajos que podría desarrollar la propia plantilla, pasando por el más básico de todos, la falta de un Plan Rector de Uso y Gestión.

A más de 25 años de decretarse el primer régimen de protección preventiva hasta su ampliación y desarrollo, el Parque Regional  del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno es el único espacio natural protegido que carece de este Plan Rector de Uso y Gestión en la Comunidad de Madrid, el documento básico para gestionar este tipo de espacios que regula la ordenación de sus recursos, define sus límites y establece sus objetivos.  Esta herramienta, en suma, es indispensable para hacer frente a los graves riesgos medioambientales que históricamente padece el Parque, porque permitiría concretar en el tiempo y en el espacio las actuaciones necesarias para proteger los elementos naturales y para lograr la transformación y recuperación de las áreas degradadas.

 

El Parque Regional  del Curso Medio del Río Guadarrama es el único espacio natural protegido que carece del Plan Rector de Uso y Gestión, herramienta indispensable para hacer frente a los graves riesgos medioambientales que históricamente sufre el parque

 

Porque el Parque Regional del Guadarrama recorre 50 kilómetros de norte a sur de Madrid, pasando por 19 municipios entre la A6 y la A5 hasta llegar a Toledo. Municipios de gran tamaño en muchos casos que suponen un constante flujo de vertidos y lodos residuales sin tratamiento ni depuración, el depósito de residuos sólidos y la ausencia de puntos limpios, usos no permitidos o regulados como construcciones de inmuebles o campos de golf, podas excesivas y talas ilegales, plantaciones e invasiones de especies extrañas, o el abandono y descuido de vías pecuarias y de yacimientos arqueológicos entre otros.

En mayo de 2017, esta situación llegó a la Asamblea de Madrid de la mano del diputado de Podemos Alejandro Sánchez, que preguntó al Director General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Diego Sanjuanbenito, por esta situación. La comisión que estudiaba este caso fue clara: señaló como principal causante de la grave situación medioambiental al modelo de gestión privada del PP en la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, al promover un sistema de contratación por la que han ido sucediéndose diferentes empresas privadas concesionarias del Parque Regional del Guadarrama.

Porque esta es la segunda pata fundamental de la gestión del Partido Popular, la concesión de la gestión del parque y la subrogación de servicios. Asociaciones y sindicatos próximos a los trabajadores del Parque también han denunciado la ineficacia y precariedad de este modelo, ya que las condiciones y derechos laborales vienen mermándose a medida que han ido sucediéndose  las distintas empresas. Exponen como principales causas la subrogación de la plantilla, la adecuación de las categorías profesionales a la baja, la subcontratación de otras empresas para ciertos periodos y actividades que podrían ser ejecutados por la plantilla del Parque, la falta de coordinación y actuación con la Consejería en materia de Vigilancia Forestal, el incumplimiento de las labores de uso público y mantenimiento y la mala gestión de los recursos presupuestarios. Casi nada.

 

La adecuación de las categorías profesionales a la baja, la subcontratación de otras empresas para actividades que podría hacer la plantilla del Parque, la falta de coordinación con la Consejería en materia de Vigilancia Forestal o la mala gestión de los recursos presupuestarios son algunas de las irregularidades que denuncian trabajadores y sindicatos

 

En materia de derechos laborales,  un ejemplo de la adecuación laboral con la aprobación de este proyecto por parte de la empresa ganadora de la última licitación, AEMA HISPÁNICA, es el cambio de la figura de celador por la de peón especializado. Las funciones que antes realizaban los celadores están relacionadas con el uso público o estudios de la fauna. Con el último cambio, sólo realizarían labores de jardinería. ¿Por qué lo hacen?  Es fácil pensar que uno de los motivos puede ser que la Comunidad de Madrid presupuesta por cada peón especializado alrededor de 24.000 euros anuales, pero tan sólo el trabajador subrogado recibe 1.000 euros mensuales.

Así, la falta de una regulación que permita una gestión medioambiental eficaz en su protección y por la gestión “empresarial” del parque que está más orientada por retirar competencias a la plantilla para subcontratar los servicios fuera le ha costado a Soledad su puesto de trabajo. No a los señores Sanjuanbenito o González Alcalde, no. A Sole.

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