Herramienta antropológica social e instrumentalización institucional.
Por Nacho Herrero
Los acontecimientos derivados de la pandemia a partir de marzo de 2020 en adelante han marcado una serie de transformaciones sociales drásticas sin precedentes en “occidente” desde las consecuencias de la II G.M. La velocidad con la que las sociedades del “primer mundo” han tenido que adaptar sus hábitos y costumbres en tan poco tiempo; ha demostrado una vez más, la capacidad que dispone el ser humano para abordar cualquier tipo de contingencia adversa a la “normalidad” en la que se asentaba.
Más allá de las trágicas pérdidas humanas o de los efectos sociales derivados de las interrupciones económicas; las secuelas de este tipo de “crisis” generan toda una serie de articulaciones, -y un caldo de cultivo social-, inherentes a las culturas y comunidades humanas. Solo cuando la vida peligra, las especies activan el “chip de la supervivencia” a través de las estrategias resilientes de las que son capaces de ejecutar con mayor eficacia, adaptándose a las circunstancias más adversas. En nuestro caso, el género humano, ha vuelto a demostrar su capacidad altruista y cooperativa, que la ha caracterizado en toda su evolución. Ese “asociacionismo” inherente se ha vuelto a reactivar en esta pandemia allí donde el estado de bienestar o el propio Estado directamente, no alcanzaban a cubrir con la suficiente rapidez para colmar las demandas urgentes que generaba la crisis sanitaria y epidemiológica.
En los primeros días del confinamiento derivado del Estado de Alarma; diferentes organizaciones sociales, asociaciones, profesionales y vecinos se auto-organizaron y empezaron a tejer toda una red de apoyo allí donde el Estado y la administraciones locales no llegaban, bien por la rapidez con la que se sucedían los acontecimientos, o bien por el desbordamiento físico, material o burocrático. El objetivo principal era coordinar y ejecutar diferentes tipos de ayudas; hacer frente a las demandas de primera necesidad; combatir la soledad; y, aumentar la moral colectiva ante la adversidad, el aumento de los fallecimientos y el desconocimiento generalizado sobre el coronavirus. Todos salimos a aplaudir a los balcones de manera “natural” en apoyo del personal sanitario y “esencial” que arriesgaba su vida a pecho descubierto por el bien común: la defensa de la vida.
Ejemplos claros de esto sucedieron en Móstoles. “Móstoles Cuida” surgió la primera semana del confinamiento con el propósito de comunicar, coordinar y canalizar las diferentes demandas sociales que estaban surgiendo repentinamente hacia los diversos tipos de ayudas que se ofrecían desde los diferentes sectores sociales, profesionales o institucionales, y viceversa. Muchas trabajadoras sociales o miembros de diferentes administraciones que, estando sin protocolos establecidos, sin medios ni recursos, y completamente desbordados, derivaron necesidades concretas a los distintos sectores sociales que podían ofrecer lo justo y necesario en ese momento. Desde la realización de compras en supermercados o farmacias, desde suministrar los escasos elementos de protección existentes en residencias de ancianos u hospitales, desde orientar y brindar información sobre las primeras ayudas directas de Cruz Roja, protección civil, servicios sociales o ERTEs…; hasta sacar la basura, brindar apoyo psicológico y escolar, o hacerse cargo de las mascotas “huérfanas” por el coronavirus.
Ese mimbre entre las demandas y necesidades, tanto sociales como institucionales, fue facilitado por la labor de una “asociación” espontánea y puntual de un reducido número de vecinos que entendieron la necesidad de canalizar los servicios ofrecidos directamente hacia sus demandantes; fueran éstos públicos o privados, colectivos o particulares. Y lo hicieron todo a través de las redes sociales, sin mayores pretensiones que CUIDAR a sus vecinos mientras durase el confinamiento más restrictivo que hemos vivido en democracia.
Otro colectivo mostoleño que surgió de la necesidad colectiva de protegerse ante el coronavirus fue “Móstoles Makers”, otra asociación espontánea que reunió a un grupo de informáticos y vecinos de distintas profesiones y afinidades con un elemento en común: la impresión en 3D. Cuando más contagios y muertes se producían por falta de respiradores y elementos de protección, este grupo de personas se organizó con el fin de producir pantallas protectoras mediante estas impresoras y repartirlas a pedido, primero a los centros sanitarios, hospitales y residencias; y posteriormente, a aquellas empresas y trabajadores que poco a poco retornaban a la actividad pero sin la protección adecuada. Además, rápidamente entablaron relaciones con otros colectivos a nivel nacional para suministrar estas pantallas a ciudades y pueblos que no contaban con esta red de apoyo directo. Actualmente, estas personas se han constituido como una asociación con local para el desarrollo de proyectos solidarios y la innovación tecnológica basada en los principios de colaboración y libre uso.
Cualquier lector atento, podrá rebatir las “bondades” humanas surgidas de esta pandemia que estamos todavía viviendo, y afirmar, que de haberse dado otras circunstancias, podríamos haber revivido un “remake” de la serie de “The Walking Dead”, donde diferentes grupos humanos que se van conociendo a lo largo de sus temporadas, se organizan y sobreviven a costa de masacrar, exterminar o esclavizar a otros grupos humanos sobrevivientes. No le faltaría razón.
La diferencia entre ficción y realidad, siempre es notoria, y ésta última, termina siempre superando a la primera. Por eso la ficción se basa y especula sobre la realidad y experiencias vividas, como hipotéticas posibilidades futuras o imaginarias.
En nuestro caso real, esa diferencia entre “civilización o barbarie”, con todas sus deficiencias y carencias, ha sido: un estado de bienestar, unos servicios públicos consolidados, y la aplicación de todo un sistema de garantías democráticas de un estado de derecho. A pesar de que la eficacia y capacidad de adaptación constataron un grave déficit tanto de medios como de procedimientos de nuestro Estado e instituciones, son innegables los hechos, que verifican al mismo tiempo, el cambio de marcha y de prioridades que puede llevar a cabo el conjunto de la Administración a favor de contener los efectos de una pandemia que lo ha cambiado todo.
Ahora bien, no es lo mismo disponer de un Estado y una Administración Pública en crecimiento, con una economía, y una capacidad productiva y de servicios diversificadas -como Alemania-; que otro Estado, cuyo estado de bienestar y capacidades de acción han sido mermados y están en claro retroceso en la última década desde la anterior crisis.
En España, ante los primeros efectos de la pandemia, la conjugación surgida de las iniciativas populares y la capacidad que todavía conserva el actual estado de bienestar, consiguió contener los primeros golpes de una recesión que se avecina, y como lamentablemente es costumbre, han empezado pagándola los más desfavorecidos de nuestra sociedad o nuestros jóvenes, al carecer de expectativas o tener que emigrar su talento. Pero, precisamente por la brecha social y generacional que se avecina, y partiendo de las experiencias vividas en esta pandemia, surge el reto de cómo canalizar y articular esa retroalimentación genuina y eficaz que se ha dado entre las administraciones e instituciones, y todo ese tejido asociativo inherente que “siempre ha estado” o que ha nacido con ella; en contraposición con el “clientelismo asociativo” derivado del corporativismo institucional que ha caracterizado la participación democrática de nuestro país desde 1978.
El corporativismo siempre ha cerrado filas sobre intereses ajenos a las demandas y necesidades sociales, no sólo de la población en general, sino también de toda iniciativa privada o particular, infectando y desvirtuando los valores democráticos que deberían ejercitarse entre la sociedad civil y las instituciones.
Varios ejemplos de ello podemos encontrarlos en diferentes ámbitos. El sindicalismo es un buen representante de esta modalidad. Donde en teoría deberían defenderse o ampliarse derechos de todos los trabajadores, nos encontramos ante una clara recesión de los mismos, además de una baja participación y afiliación de los propios trabajadores en ellos. Los factores son muchos y la temática más de fondo. Pero entre algunos que podemos destacar son: la dificultad de constituir mesas de negociación en sectores precarios, temporales y de poco valor añadido; la amenaza y coacción de deslocalizaciones de la actividad por parte de las empresas; las líneas partidistas y políticas de algunas organizaciones; el pluriempleo de representantes sindicales; la constitución de numerosos sindicatos corporativistas que medran por el interés de un subgrupo determinado de trabajadores más cualificado o que, actúan como un grupo de influencia -“lobby”- sobre temáticas alejadas de la práctica sindical y de los intereses de los trabajadores.
Otro ejemplo claro, y no podíamos dejar de advertirlo desde nuestra edición, son los medios de comunicación locales. Al poder servir como un medio de interlocución e información entre las instituciones y la población, imprescindible en la vida civil de cualquier ámbito municipal, algunos de estos medios confunden esa labor con el negocio particular a cualquier precio. Si claramente detectamos faltas graves de deontología profesional en algunos medios de difusión nacional, en el ámbito local de Móstoles, por ejemplo, ya ni si quiera lo aparentan. No sólo se nutren de cuantiosos fondos públicos municipales (además de publicidad profesional), sino que además los reciben a cambio de verter cualquier tipo de “fake news” sobre el “enemigo” político de quién otorga dichos fondos desde el consistorio. El periodista como mercenario institucional.
En definitiva, el reto que mencionábamos anteriormente, de cómo canalizar y articular una retroalimentación entre administraciones y “asociaciones”, deberá partir desde una simbiosis flexible de un Estado “social y de bienestar” con el conjunto de su “pueblo soberano”; que parta desde cada uno de sus ayuntamientos e instituciones locales; que sea capaz de gestionar y administrar los recursos públicos con eficacia y eficiencia; que atienda las demandas y necesidades de las capas sociales con menor capacidad retributiva; y que, al mismo tiempo colabore y facilite, iniciativas y políticas adaptadas a una transición energética y económica capaces tanto de generar la riqueza necesaria en sintonía y equilibrio con el medio ambiente, como colmar las expectativas de futuro de las nuevas generaciones que sólo han conocido las crisis.
