“Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del Gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos.”
Así se definen, en su exposición de motivos, los precisos límites de la comunicación institucional y el uso que la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, permite de los medios de comunicación institucionales. Ni más, ni menos: La información y comunicación de las instituciones está radicalmente separada de las opiniones que puedan tener los representantes públicos que están al frente de las mismas y han de regirse obligatoriamente por los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto.
Pese a la meridiana claridad legal de la norma no son pocos los casos de un uso partidista y personalista de medios que deben servir, única y exclusivamente, a las necesidades e intereses de la ciudadanía. Conocemos múltiples condenas judiciales a cargos políticos de distinto pelaje por usar páginas web, redes sociales municipales o publicidad pagada con fondos públicos, para ensalzar sus “logros” o hacer campañas de desprestigio a otros grupos políticos. Una de las más recientes, dictada por el Tribunal Administrativo de Navarra condenaba en primera persona al Alcalde de Tudela en octubre del año pasado por estos motivos.
En Móstoles, desde los tiempos de Daniel Ortiz, último Alcalde del PP, hasta el presente, con el PSOE controlando la comunicación institucional de modo ininterrumpido desde 2015, la citada Ley de Publicidad y Comunicación Institucional simple y llanamente ha sido ignorada, reduciendo la página web municipal a simple álbum fotográfico de la Alcaldesa (ni tan siquiera del resto de su gobierno) o manteniendo en nómina a “prensa” local que se limita a reproducir las notas de prensa de los cargos de confianza del gabinete de comunicación de Alcaldía, siendo el caso más burdo y grotesco el encarnado por el tabloide “Sur Madrid” que, bien engrasado con fondos públicos, reproduce como si de “noticias” se tratasen las notas de prensa de Alcaldía, añadiendo si acaso alguna falta de ortografía de cosecha propia.
Con el tiempo y a medida que se han ido destapando los múltiples escándalos de Noelia Posse y su gobierno de coalición con Podemos (enchufismo, amnistía fiscal a ITV, Amanecer Bailando, mala alimentación de ancianos de la residencia Juan XXIII, etc, etc) el uso partidista de los medios de comunicación institucionales para atacar a los grupos de oposición ha aumentado exponencialmente, hasta el punto de usarlos para hacer oposición a la oposición con absoluto descaro. Ninguno de los grupos de oposición se ha librado de los ataques del gobierno municipal a través de la web municipal y noticias pagadas en la “prensa” local, traspasando todos los límites de la decencia y la legalidad y haciendo oídos sordos a propuestas aprobadas por unanimidad en el Pleno Municipal tendentes a acabar con este abuso constante.
En el último Pleno Municipal del 24 de marzo han sobrepasado todos los límites de la indecencia, publicando al mismo tiempo, en perfecta sincronización, en la “prensa”, en los perfiles oficiales del Ayuntamiento (web, twitter y facebook) y en los perfiles del partido socialista de Móstoles una “noticia” que simplemente es falsa y que oculta una turbia maniobra.
A este Pleno PSOE y Podemos llevaban una propuesta de la Concejalía de Hacienda por la que se va a reclamar a la empresa municipal de 39 millones de euros derivados del pago de indemnizaciones por expropiaciones de suelo efectuadas a finales de los noventa y principios del presente siglo por un gobierno con mayoría absoluta del PSOE. Estas indemnizaciones a los propietarios de suelo fueron fijadas en sentencia firme por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Móstoles que fijaba el sistema de expropiación, condenando al Ayuntamiento de Móstoles, como único y exclusivo responsable de unas expropiaciones declaradas ilegales.
De aquella sentencia del TSJM se han derivado toda una serie de autos judiciales de ejecución de sentencia y condenas al Ayuntamiento por no pagar, llegando a sumar, entre intereses de demora y condenas en distintas instancias judiciales los famosos 39 millones de euros sobre los que ayer se debatía.
En el anterior gobierno se procedió a pagar todas esas sentencias desde el Ayuntamiento, ocupando horas y horas de debates públicos en Pleno su pago, sin que en ningún momento se pusiese en duda que el obligado al pago era el sentenciado por la Justicia: El Ayuntamiento de Móstoles y no el IMS.
Pues bien, ahora, el gobierno de Noelia Posse, que también tuvo la máxima responsabilidad durante el mandato pasado, ha decidido reclamar esos 39 millones al IMS obviando las sentencias judiciales, llevando a la empresa pública a una situación de insolvencia.
El debate del Pleno versó sobre la improcedencia de repercutir esa deuda al IMS, sobre la ocultación de informes que alertan de la ilegalidad de la actuación del gobierno, sobre la falta de alternativas viables para mantener la empresa si se consuma la operación que quiere llevar a cabo el gobierno… sobre todo eso menos sobre votar a favor de cerrar la empresa y despedir a sus empleados, llegando a insultar la inteligencia del más común de los mortales al afirmar que endeudando a la empresa la están salvando. Y esta palmaria falsedad no han dudado en difundirla al unísono en los medios de su partido, en los medios municipales y en la “prensa” amancebada, no sólo violando la ley en lo concerniente al uso de medios y recursos públicos, sino dando un paso más y difundiendo, directamente y sin rubor alguno información que es manifiestamente falsa. Ya veremos como acaba esta nueva barbaridad de los chicos de Noelia Posse.
