A raíz de las movilizaciones y manifestaciones por parte de los jubilados ante el anuncio de la súbida de las pensiones para este año del 0,25% y de la influencia que está teniendo en las últimas semanas en los debates políticos y televisivos, explicamos brevemente en qué consiste la reforma de las pensiones y cómo se inició hasta el día de hoy.
La reforma de las pensiones como tal, no es una, son dos reformas. Una en el año 2011 y otra en el 2013: la Ley 27/2011 del 1 de agosto y la Ley 23/2013 del 23 de diciembre. Las fechas no son casualidad en todo este artículo.
El objetivo de ambas era claro, controlar el gasto público y cumplir con las exigencias de la Unión Europea. El contexto también lo conocemos, con el país tratando de salir de una crisis que se inició en el año 2008, tras la ruptura de la burbuja inmobiliaria en EEUU y que terminó salpicando a toda Europa, con el consiguiente rescate a la banca privada.
La primera reforma arranca en febrero del 2011 con la foto de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, con los representantes de las patronales CEOE y CEPYME y de los sindicatos CCOO y UGT estrechándose las manos unos a otros. Tras la cámara, retratando el plano, y con el flash en la mano, la Comisión Europea.
La ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, como la llamaron, consiste en elevar la edad de la jubilación, aumentar los años cotizados y subir el cómputo para calcularla. Asimismo, retrasa la jubilación anticipada y parcial, e impone más trabas para lograr acceder a ellas. No se incluyó pero se hizo mención a una futura aplicación, para 2017, del llamado Factor de Sostenibilidad, que explicaremos más adelante.
Parece que alguien de la foto inicial despejó el balón bajo los palos como pudo. Pero la Comisión Europea no olvida, el Banco Central Europeo tampoco y el FMI menos (en adelante la Troika). No quedaron satisfechos y obviamente montaron una nueva contra e insistieron con que la reforma no era suficiente. Demasiado tiki taka para el presidente a esas alturas de la legislatura.
En ese mismo año del 2011, nuestra Carta Magna, más en concreto, el artículo 135, fue reformado bajo el concepto de “Estabilidad Presupuestaria”. Lo que vino a decir que el pago de la deuda pública -deuda traspasada de la banca privada a las arcas públicas tras su propio rescate- tenía prioridad sobre cualquier otro gasto del Estado reflejado en los Presupuestos Generales – pongamos por ejemplo partidas tan derrochadoras como educación, salud… y claro, las pensiones.
Del 23 de agosto al 26 de septiembre, a propuesta de Rodríguez Zapatero, y con el apoyo del PP, PSOE y UPN se presentó y se tramitó sin enmiendas ni modificaciones la reforma constitucional del artículo 135. Sólo hubo 5 votos en contra en el Parlamento y 3 votos en contra en el Senado . No fue necesario un referéndum, ni la reforma fue solicitada por el 10% de los representantes de una de las Cámaras, ni se tomaron en consideración las distintas enmiendas presentadas como bien marcan las formas de un proceso constituyente.
El 20 de noviembre del 2011 se celebraron elecciones generales. El PP con 186 diputados obtuvo mayoría absoluta sin la necesidad de convencer. No hace falta recordar el espectro político de entonces. Mariano Rajoy se había apuntado y memorizado muy bien durante dos legislaturas anteriores las tareas pendientes e interpretó y culminó cada Consejo de Angela Merkel y cada objetivo marcado por la Troika.
En 2013, con la segunda reforma llamada “Ley Reguladora del Factor de sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social” se ponía en marcha la maquinaria legal necesaria para proseguir con el control del gasto público sobre las pensiones. Entre las medidas estrella, estaban:
1) El IRP, Índice de Revalorización de las Pensiones, que viene a sustituir las subidas anuales del Índice de Precios al Consumo (IPC), a través de un mínimo porcentual (0,25%) y un máximo (IPC+0,50%) en función de la situación económica en tiempos de bonanza (superávit en la Seguridad Social).
2) El Factor de Sostenibilidad, arriba presentado, que se empezará a aplicar en 2019 (al cierre de esta edición el PP está negociando con el PNV un retraso hasta el 2023 a cambio de aprobar los Presupuestos Generales de este año), y que es un mecanismo que se revisará automá- ticamente cada 5 años. Consiste en vincular el importe de las pensiones con la evolución de la esperanza de vida. Se aplicará una sola vez en cada pensión en el momento de la jubilación, para calcular el importe inicial. La memoria del impacto económico que acompañó a esta segunda reforma dictaminó un ahorro de casi 33.000 millones en el periodo entre 2014-2020 a las arcas públicas. El poder adquisitivo de las pensiones será menor.
Otro de los elementos preocupantes además de estas reformas para los pensionistas y futuros jubilados es la cuestión sobre el Fondo de Reserva de la Seguridad Social o “Hucha de las Pensiones”, que básicamente es un fondo soberano de inversión creado a raíz del Pacto de Toledo para garantizar el sistema público de la Seguridad Social.
Cuando usted escuche en los medios “Pacto de Toledo”, debe saber que se hace referencia a una comisión parlamentaria, que se creó y conformó con el apoyo de todos los partidos políticos y que desde 1995 discute, analiza y propone medidas encaminadas a asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Paradójicamente la impulsó CiU.
En este Fondo se han ido acumulando todos los excedentes anuales que la Seguridad Social ha ido generando a lo largo de los años desde el año 2000. Se llegaron a tener 66.800 millones en el año 2011. Hoy quedan poco más de 8.000 millones. Esto se traduce en que la Seguridad Social ha tenido déficits en los últimos años.
Para poder mantener este Fondo y evitar un coste político, el Gobierno a través del Estado ha tenido que “prestarse” a sí mismo 10.193 millones en 2017 y ya se ha anunciado un nuevo préstamo para 2018 de 15.000 millones.
¿Por qué el Estado se “presta” así mismo y no se transfiere directamente el dinero? Porque si se transfiriera directamente se estaría ingresando dinero al fondo y por tanto el déficit se reduciría e incluso se iría generando nuevamente superávit. Según la misma reforma del 2013, las pensiones se tendrían que revalorizar al máximo del IPC+0,50% y no al 0,25% actual. Al “prestarse” dinero el Estado, a nivel contable no estamos ante un ingreso, por lo que se mantendría el déficit; Y por tanto, se estaría justificando la subida con el mínimo del 0,25%.
A la España del rescate le saldrán los resultados contables ante la UE en el 2020, pero a la España de los pensionistas no le salen las cuentas a final de este mes. Se equivocaba Quevedo al afirmar que España no es de quién la gobierna sino de quién la padece… Debía haber afirmado que lamentablemente es de quien la roba.
