El coronavirus se ha convertido en uno de los principales problemas de la ciudad, pero no se vive igual en unos distritos que en otros.
Tras el anuncio de las primeras medidas de control y prevención de la Covid-19 elaboradas por el gobierno de Ayuso, miles de madrileños y madrileñas de las zonas afectadas salieron a manifestarse al grito de “por la dignidad del sur” o “Ayuso dimisión”. Así, los habitantes de las 37 zonas sanitarias confinadas mostraron su desacuerdo con la gestión de la Comunidad de Madrid y exigieron unas medidas que no supongan un castigo económico y una estigmatización a aquellas zonas de la Comunidad que ya contaban con un mayor índice de densidad poblacional y con una menor renta media.
Las zonas afectadas son precisamente aquellas en las que abundan las personas de origen migrante y trabajadores y trabajadoras en situación de precariedad encargadas en la mayoría de los casos de realizar trabajos en las zonas más “ricas” de la Comunidad. Entre las medidas exigidas en las manifestaciones del 21 de septiembre destacan el refuerzo de los servicios de atención primaria y unas mejores garantías de seguridad tanto en el transporte público como en los centros educativos y sanitarios.
Desde varias asociaciones afincadas en las distintas áreas de la Comunidad se impulsó un mensaje reivindicativo de rechazo a un paquete de medidas que, denuncian, “perpetúan la desigualdad y obligan a las zonas obreras a pagar las consecuencias de una gestión ineficaz, clasista, y racista”.
La indignación, que ya era visible en redes sociales, se vio avivada por las polémicas declaraciones de Ayuso en las que acusaba al “modo de vida de las personas migrantes” del crecimiento de los contagios, haciendo gala de una notable falta de tacto y de respeto por muchos de los habitantes de la Comunidad que gobierna.
Una de estas asociaciones, concretamente Peruanxs en Madrid, publicó un manifiesto exigiendo la dimisión de Ayuso, que ha sido firmado por más de 300 personas. La acusación de Ayuso a la población inmigrante del sur de la Comunidad de Madrid de impulsar la propagación del virus mediante “su modo de vida” llega además en horas bajas en un contexto en que la población inmigrante tiene un papel esencial por su trabajo en centros sanitarios, en las limpiezas, en el cuidado de ancianos y personas dependientes, u otros puestos imprescindibles. A este hecho se suma la escasa o nula atención que han recibido los barrios y municipios de Madrid, en los que la mayor densidad poblacional, la falta de recursos tanto sanitarios, sociales y de control o vigilancia, aumenta lógicamente el impacto del virus.
Por otra parte, muchos habitantes del sur de la Comunidad dependen del transporte público -que por alguna macabra casualidad funciona con frecuencias menores a lo habitual- así como de centros de salud colapsados o de centros educativos que no tienen recursos para garantizar una seguridad básica. El sur de Madrid,que concentra las zonas más pobres de la ciudad y de la Comunidad, se encontró a día 21 de septiembre con un despliegue policial en puntos neurálgicos que recordaba al confinamiento vivido antes de verano mientras que los vagones del metro seguían estando abarrotados, lo cual es una muestra más de la mala gestión del gobierno madrileño ante esta pandemia.
Estas medidas contaron con el apoyo de la presidencia del gobierno con la que se acordó la intervención del ejército mediante la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Las personas migrantes no son el único grupo con el que Ayuso ha relacionado el crecimiento de los contagios. La presidenta de la Comunidad también ha querido explicar que hay problemas, como el de la delincuencia, el de la ocupación, haciendo cada vez más esta idea como una de las principales líneas de lucha del Partido Popular, el de los menores no acompañados o MENAS, en definitiva, los grupos que desde el gobierno de la Comunidad son percibidos como marginales, que suponen “necesidades aparejadas” a la pandemia.
Resulta obvia la relación que Ayuso y Sánchez están buscando dibujar entre la “marginalidad” y el aumento de los contagios, y como dicta su lógica han situado su imagen de la marginalidad en las zonas con rentas menores. Todas las zonas confinadas mantienen ese rasgo en común atribuyendo al paquete de medidas del gobierno de Ayuso un aura de discriminación de los vecinos del Sur de Madrid. Pero este sentimiento de discriminación que las últimas decisiones gubernamentales han intensificado ya existía antes, como atestiguan la escasa inversión en centros educativos y de salud, la falta de personal sanitario, la deficiente inversión en higiene y limpieza de espacios públicos y un largo etcétera. Ahora, más que nunca, sufren las áreas del sur de Madrid esa falta de personal sanitario, de equipamiento para poder hacer PCR, de garantías de seguridad en el transporte, mientras son señaladas con el dedo acusador como culpables de la segunda oleada de la pandemia por el gobierno y por algunos medios. Ya habíamos visto durante el verano a nivel nacional la misma voluntad de proyectar la responsabilidad de la expansión de la pandemia en la población joven, a la que se buscó culpar de los efectos de una gestión a todas luces ineficiente.
Nosotros nos quedamos con la siguiente sentencia del Manifiesto de las Asociaciones Vecinales de Villaverde, Usera, Vallecas y Carabanchel: “Para los gobiernos somos la mano de obra barata de esta ‘ciudad global’, somos el lugar donde se ubica todo lo que la ciudad necesita, pero le molesta”. Cada vez más ciudadanos sienten que son el motor de una ciudad disfrutada por otros.
