Los daños causados por este festival, celebrado en 2018 entre fuertes críticas vecinales y de la totalidad de grupos políticos (salvo el PSOE), siguen sin ser asumidos por la empresa que lo organizó y el Ayuntamiento sigue sin cobrar la tasa de ocupación del parque Prado Ovejero cuatro años después de su celebración.
Casi cuatro años después de celebrarse este polémico festival sus consecuencias económicas siguen sin resolverse de modo satisfactorio para los intereses municipales, ya que ni se han cobrado los 147.473 euros complementarios de la tasa de ocupación del parque que determinó la Inspección Fiscal municipal en su día, ni la empresa ha abonado ninguna de las reparaciones que se tuvieron que realizar para subsanar los destrozos provocados en el parque municipal. Todo el proceso posterior a aquél evento deja un reguero de falsedades y de irregularidades por parte del actual gobierno local.
El 8 de marzo de 2020 “eldiario.es” hacía públicas unas grabaciones en las que el Tesorero municipal y cargos de confianza del PSOE reconocían contratos verbales por más de 60.000 euros para asumir las reparaciones del parque. Al día siguiente, el 9 de marzo de 2020, el gobierno local negaba rotundamente que se hubiesen producido irregularidades en la contratación de los trabajos de reparación, afirmando que “en este Ayuntamiento todo lo que se hace es legal” y que “no se habría podido pagar, porque la propia Intervención no permitiría que se respondiese por esos pagos”.
El 14 de junio de 2021 el Concejal de Hacienda, Victorio Martínez (PSOE) firmaba, a propuesta del Tesorero municipal, la Resolución 2950/21 ordenando el pago de facturas a distintas empresas que habían realizado los trabajos de reparación que correspondía asumir a Family Club Since 1995 S.L, organizadora del Festival Amanecer Bailando, omitiendo la obligatoria fiscalización de la resolución por parte de la Intervención Municipal. El 21 de junio el Director General de Presupuestos y Contabilidad del Ayuntamiento de Móstoles, ante la imposibilidad de contabilizar y ejecutar el decreto del concejal de Hacienda por la omisión de la fiscalización del mismo y por no existir contratos ni documento alguno que avalase los pagos, da instrucciones a la Tesorería Municipal de que remita el expediente a la Intervención Municipal para que ésta emita informe de fiscalización.
El 6 de agosto de 2021 la Viceinterventora municipal (el Interventor había sido cesado poco antes por denunciar irregularidades en los cobros de cánones municipales) emite una nota de servicio interior dirigida al Concejal de Hacienda, al Tesorero y al Director General de Presupuestos y Contabilidad, en la que manifiesta que se ha remitido para fiscalizar “una Resolución del Concejal de Hacienda ya firmada” en la que se ha omitido “el ejercicio de la función interventora, siendo esta preceptiva, por lo que no se podrá reconocer la obligación ni proceder al pago ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión”, subrayando en sus conclusiones que respecto a “las facturas cuyo pago se ordena y que no constan en el expediente no se tiene conocimiento ni se justifica que las mismas hayan sido tramitadas conforme a lo previsto en la Ley respecto a la aprobación, autorización y reconocimiento de las obligaciones ni se aportan los correspondientes documentos contables”.
Este último párrafo tiene gran relevancia ya que, con anterioridad y evitando también a la Intervención Municipal, el 2 de noviembre de 2020, el mismo concejal de Hacienda había firmado la resolución número 4599/2020 reconociendo como propias del Ayuntamiento las facturas que tenía que pagar la empresa organizadora del festival.
Este decreto, nulo de pleno derecho por no cumplir con ninguno de los requisitos legales que permitían adoptarlo, se ha remitido por parte del Tesorero Municipal a las empresas afectadas junto a una certificación firmada por ese mismo funcionario de habilitación nacional, para que se sirvan de él como prueba para reclamar judicialmente los pagos. La certificación que expide este funcionario excede sus competencias al comprometer a la hacienda municipal a responder de unos pagos que no tienen sustento legal llegando a reflejar en su certificación que “en cumplimiento del convenio y de lo acordado con la empresa (sic) el Ayuntamiento con este reconocimiento de deuda queda obligado al pago del importe señalado”. Gracias a estos certificados que ha expedido y remitido a las empresas el Tesorero municipal, el Ayuntamiento de Móstoles está siendo condenado en los tribunales a pagar trabajos no contratados. Así ha ocurrido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Madrid, donde el 18 de mayo de 2021 se ha dictado la sentencia 112/2021 condenando al Ayuntamiento a pagar a Jardinería Pacheco S.L. pese a que en la misma se da como probado que esta empresa no tiene concertado ningún contrato administrativo “pues en el expediente administrativo no existe indicio alguno de la existencia del contrato menor de servicios de jardinería que la recurrente afirma haber concertado el 8 de octubre de 2018 con el Ayuntamiento de Móstoles”, indicando a continuación la Sentencia que “lo cierto es que el Ayuntamiento de Móstoles reconoce la realidad de los servicios de jardinería objeto de la factura nº 180; la resolución 4599/2020 del Concejal delegado de Hacienda (…) acuerda su pago y consta asimismo el reconocimiento de deuda por parte del citado Ayuntamiento (certificado de 4 de febrero de 2021 del Director General de Gestión Tributaria y Tesorero Municipal..) aportado por la recurrente”
De este modo, facilitando que el Ayuntamiento de Móstoles sea condenado en los Tribunales aportando certificaciones y resoluciones nulas a las empresas recurrentes, el gobierno local y especialmente el Tesorero municipal, están haciendo posible que los pagos que debían asumir los organizadores del festival Amanecer Bailando sean asumidos y pagados por los ciudadanos de Móstoles.
