El 30 de marzo de 2020 en Madrid morían 3.392 personas por la pandemia de Covid-19 que asolaba el planeta. También fue la fecha en que el Ayuntamiento de Madrid compraba material defectuoso a través de unos comisionistas que se hicieron con varios millones de dinero público gracias a su contacto con un familiar del alcalde de Madrid.
La oferta que los comisionistas presentaron al Ayuntamiento consistía en 1.000.000 de mascarillas, 2.500.000 guantes de nitrilo y 250.000 test rápidos que, cuando llegaron desde Malasia a Madrid, resultaron ser defectuosos o modelos distintos a los adquiridos. Sin embargo, esto no impidió que los conseguidores se embolsaran entre un 60% y un 80% de lo pagado por un material que la Fiscalía Anticorrupción ha calificado de “inservible” y que podría haberse conseguido hasta un 40% más barato.
Después de que se hiciese pública la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción la respuesta de Martínez-Almeida fue contundente: no hubo ninguna gestión especial ni trato de favor, sólo se proporcionó un email público ante la oferta del material. Pero los mensajes de Whatsapp de Alberto Luceño con la responsable de compras del consistorio indican que Martínez-Almeida sí había hablado personalmente con los comisionistas para facilitar la operación.
¿Quiénes son los conseguidores que se han llevado los millones?
Luis Medina Abascal, marqués de Villalba y hermano del duque de Feria, contactó con un familiar del alcalde Martínez-Almeida -dependiendo de la versión se habla de su hermano o su primo-, para que le facilitara el contacto de la Coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid y llevar a cabo el negocio. Por esta actuación se embolsó un millón de euros.
El otro comisionista, Alberto Luceño, es antiguo conocido del Partido Popular por aparecer en el sumario de la trama Púnica (con su propia carpeta de archivos llamada “Marrones Luceño”) al haber sido apoderado de la Escuela Europea de Dirección y Empresa que funcionó como intermediaria para pagar deudas del partido a través de Fundescam. Luceño fue el encargado de la compra y se llevó hasta cinco millones de euros.
Mentiras, lujos, estafa y otros (presuntos) delitos
La acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra los conseguidores se sustenta, de momento, en tres posibles delitos: estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Pero la venta de material defectuoso por encima de precio de mercado, las “donaciones” a la empresa que hizo la oferta o la falsificación de documentación por parte de Alberto Luceño que le acreditara como experto en importaciones podrían no ser los únicos delitos presuntamente cometidos.
Poco después de conocer que Luis Medina había gastado lo ganado en las comisiones en un yate y bonos -mientras su socio Alberto Luceño lo hacía en vehículos de alta gama, Rolex y un piso en Pozuelo-, el aristócrata se desprendió del dinero de sus cuentas hasta quedarse tan solo con 247 euros. Su intento para declararse insolvente fue descubierto en poco tiempo por la Agencia Tributaria que desveló en un informe la transferencia del dinero de Medina a un paraíso fiscal. Esta “fabricación de insolvencia”, sabiendo que existía la posibilidad de que le embargaran los bienes, podría ser constitutiva de un delito de alzamiento.
Queda también por saber qué ocurrirá con San Chin Choon, el proveedor malayo de material sanitario, que lleva un año buscado por la Fiscalía Anticorrupción sin resultado.
La responsabilidad política del caso de las comisiones del Ayuntamiento de Madrid
¿Qué pasa con Martínez-Almeida? El alcalde de Madrid negó todas las acusaciones desde un primer momento, pero a medida que avanza la investigación se comprueba que mentía. Martínez-Almeida sí tuvo contacto con Luceño y Medina. Así aparece en los chats de los comisionistas y la administración, donde además se observa que el cierre del contrato se llevó a cabo de madrugada y en tan sólo una hora.
La líder de la oposición en el Ayuntamiento y portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha exigido la dimisión del alcalde. Maestre ha recordado que Más Madrid preguntó en reiteradas ocasiones por los expedientes de los contratos de emergencia llevados a cabo en la pandemia, a lo que el gobierno de Martínez-Almeida respondió no tener constancia de ninguna denuncia al respecto, aunque sabían que la Fiscalía arrancó las pesquisas en 2020.
Mientras Martínez-Almeida se victimiza -hablando poco menos que de una caza de brujas en su contra-, su socio de gobierno, Ciudadanos, intenta pasar desapercibido. Igual que hiciera Vox en la Comunidad de Madrid con el caso de la mordida del hermano de Díaz Ayuso, Ciudadanos calla.
La portavoz y vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha declarado no plantearse una moción de censura y procura derivar la carga del asunto sobre los comisionistas y no sobre el PP. Aunque repite el mantra de que Ciudadanos es “una garantía de que se combate la corrupción”, Villacís insiste en que no hay nada demostrado, procurando mantener el frágil equilibrio entre sostener el gobierno del PP y parecer que lo controla en el que se sustenta su supervivencia política.
Comisionistas, familiares y gobiernos del Partido Popular
Aunque sin duda esta es la noticia de la política madrileña de las últimas semanas, es una historia que ya hemos visto más veces. Como cuando el PP aprovechó la mañana de los atentados del 11M para blanquear donativos al partido a través de Fundescam, o hace apenas unas semanas cuando conocimos que el hermano de Díaz Ayuso se había llevado comisiones por la venta de material médico en plena pandemia que superaban el precio de mercado.
Todos estos casos presentan tres factores en común: miembros del Partido Popular con responsabilidades gubernamentales, sus familiares (ya sean comisionistas o quienes se benefician de las compras) y dinero público.
