Dos autos del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de Madrid, dirigido por Manuel García Castellón, cierran las investigaciones de dos piezas separadas de la trama de corrupción “Púnica” abriendo juicio oral a los dos alcaldes del PP de Móstoles por dos tramas delictivas en torno a las empresas Waiter Music S.L. y Cofely España S.A.
La trama Waiter Music
El empresario Jose Luis Huerta constituye la empresa Waiter Music S.L. en septiembre de 2003 y tan sólo tres meses después consigue contratos públicos con administraciones gobernadas por el PP por más de ochocientos mil euros, así como más de medio millón de euros de empresas con fuertes vínculos con ese partido, como OHL, FCC, Acciona, Dragados, etc. En Móstoles el recién estrenado gobierno del Partido Popular (llegó a la Alcaldía en mayo de 2003), encabezado por Esteban Parro del Prado le adjudica 262.000 euros en concepto de organización de fiestas durante el año 2004.
Este fulgurante éxito empresarial, tal y como detalla el auto judicial, tan sólo es posible gracias a la relación previa de José Luis Huerta con Francisco José Granados, Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid desde julio de 2008 hasta junio de 2011 y, con anterioridad, Alcalde de Valdemoro.
Waiter Music seguirá siendo adjudicataria de las fiestas de Móstoles hasta el año 2011, momento en que la intervención de la Audiencia Nacional pone fin a esta trama corrupta; “tal relación comercial fue posible debido a que los diferentes expedientes administrativos, cuando los había, estaban predeterminados para que fuesen adjudicados, bien a WAITER MUSIC, S.L, bien a empresas “controladas” directa o indirectamente, por José Luís HUERTA VALBUENA. Así, se podía contar con una empresa que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal”, tal y como describe el Juez Instructor la mecánica delictiva seguida tanto en Móstoles como en el resto de municipios madrileños gobernados por el PP en aquél momento.
A continuación, reproducimos literalmente parte del auto judicial que describe la actuación del Partido Popular de Móstoles entre los años 2004 y 2011:
7.5 Ayuntamiento de Móstoles: Facturación Global: Entre los años 2007 a 2012 J.L. HUERTA VALBUENA facturó al Ayuntamiento de Móstoles 2.356.398,56 euros, a través de su sociedad WAITER MUSIC, S.L.
“La relación de confianza existente entre el empresario y los representantes del Partido Popular en el Ayuntamiento de Móstoles, permitió que, ya desde la creación de WAITER MUSIC, S.L. se contratase con la misma, así en el año 2.004 esta facturó al ayuntamiento 262.000,00 €, en el 2.005 se incrementó la facturación hasta los 477.825,00 € y en el 2.006 se llegó a los 400.000,00 €. Con ello se generó una fuerte confianza que hizo que, posteriormente, eventos del partido fuesen encargados a José Luís HUERTA VALBUENA, con el compromiso de que éste no solo correría con los costes iniciales, sino que además nunca los facturaría al partido, al contrario, se serviría de contratos que le adjudicase el Ayuntamiento para recuperar el dinero inicial. Todo ello mediante el procedimiento de presentar facturar infladas en el seno de tales expedientes adjudicados. Con tal finalidad, se aprovechó la adjudicación del contrato para las fiestas de mayo y septiembre de 2008 por importe de 450.000,00 euros, en que WAITER MUSIC, S.L. fue la única empresa que se presentó, para autorizar de forma irregular sus sucesivas prórrogas para los años 2009, 2010 y 2011.”
Considerando el Juez Instructor que la actuación de los máximos responsables del PP mostoleño, Esteban Parro y Daniel Ortiz, habrían incurrido en “un delito de prevaricación continuada del artículo 404 en relación con el artículo 74, ambos del Código Penal, aplicable a todas las adjudicaciones de festejos a las empresas de José Luís Huerta Valbuena” y “un delito de fraude en la Contratación del artículo 436 del Código Penal, en la medida que existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobre dimensionadas en unos casos con sobre costes más allá del lógico beneficio industrial, en otros. Logrando con ello el abono de gastos privados”.
La trama Cofely
«La actividad corrupta de la empresa COFELY se descubrió durante las intervenciones telefónicas de David MARJALIZA VILLASEÑOR, al evidenciarse que podía estar actuando como “mediador” para dicha empresa en la consecución de los contratos de eficiencia energética licitados desde los Ayuntamientos de Parla, Brunete, Móstoles, Collado-Villalba, Almendralejo, Torrejón de Velasco, Valdemoro, Serranillos del Valle y Moraleja de En medio”
Así comenzaba una investigación policial que culminó el 27 de octubre de 2014 con una intervención judicial de la Audiencia Nacional en la que se practicaron detenciones y numerosos registros. Ese día, agentes de la UCO de la Guardia Civil procedieron a registrar e incautar numerosa documentación en el Ayuntamiento de Móstoles, al tiempo que procedían a la detención del concejal popular Alejandro Utrilla.
Hasta ese 27 de octubre de 2014 en que la Audiencia Nacional puso fin a esta trama delictiva del Partido Popular, la multinacional Cofely España había conseguido hacerse con contratos en numerosos municipios madrileños, por un importe total de 223.883.462,71 euros (270.898.989,87 euros con IVA), siendo el de mayor importe el adjudicado en el municipio de Móstoles, que ascendía a 60.449.119,68 euros (73.143.434,81 euros con IVA).
En todos los municipios, salvo en Móstoles, la forma de actuar fue la misma: Cofely redactaba los pliegos a la medida de su oferta, llegando al punto de concebir una fórmula matemática desnaturalizada que le garantizaba la adjudicación del contrato pese a presentar siempre las ofertas económicas más caras.
El caso de Móstoles es particular, ya que es el único municipio en el que la actuación de los empleados públicos impidió a la empresa y sus cómplices en el gobierno participar en la elaboración de los pliegos técnico y administrativo, por lo que la trama tuvo que recurrir a otros artificios para hacerse con la adjudicación. La descripción judicial ilustra a la perfección el modo de actuar del alcalde popular Daniel Ortiz, el concejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla y el hermano de éste último, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y alcalde de Sevilla la Nueva, Mario Utrilla
“El contrato de Móstoles fue el séptimo concurso que gano la multinacional COFELY ESPAÑA SAU con los investigados de la trama ya descrita. Esta vez fueron los contactos personales de Pedro Garcia Perez, Jefe de Mercado Publico del Departamento de Comercial e Innovación de COFELY, con Alejandro UTRILLA PALOMBI, Concejal Adjunto de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Móstoles y su hermano el Investigado Mario UTRILLA PALOMBI, los que iniciaron el acuerdo para ayudar a COFELY a hacerse con la adjudicación del concurso de eficiencia energética. Alejandro UTRILLA apoyo la contratación de COFELY, y sin ser su Concejalía competente en la materia, se inmiscuyo en todos los avatares del proceso de licitación, con el respaldo del Alcalde, y sin ser del agrado del Concejal del área, promotor del expediente David SANCHEZ REY. El concurso de Móstoles tuvo singularidades en relación con los otros concursos investigados como pasamos a exponer
II.- FASE DE PREPARACIÓN
La Concejalía promotora del expediente fue la de Infraestructuras y Mantenimiento. Su Concejal David SÁNCHEZ REY fue convocado el 5.2.2013 por el Alcalde de Móstoles, el investigado Daniel ORTIZ ESPEJO, a una primera reunión de presentación comercial de COFELY con la asistencia de los investigados, Constantino ALVAREZ DE LA CUEVA, Director de Comercial e Innovación y Maurice DIDIER, Director General de la compañía. Junto a ellos fue convocado también por el Alcalde, el investigado Alejandro UTRILLA PALOMBI cuya Concejalía de Medio Ambiente no tenía ninguna relación con el proyecto.
La Concejalía del Área inicio los preparativos de la licitación con sus propios recursos y estudios, sin consultas al sector. A diferencia de otros ayuntamientos investigados, los empleados de la Sección Back Office del Departamento Comercial de COFELY no tuvieron ninguna participación en la redacción de los pliegos administrativo PCAP y técnicos PPT del expediente de contratación, que fueron exclusivamente redactados por los técnicos municipales.
Que los pliegos fuesen redactados exclusivamente por los técnicos municipales supuso un serio revés para los intereses de la trama, que tuvo que recurrir a otros métodos para retorcer la legalidad y conseguir hacerse con la adjudicación.
En la primera fase de preparación del expediente de contratación, los investigados Alejandro UTRILLA y el Alcalde Daniel ORTIZ no habían podido desplegar ninguna influencia en la redacción de los pliegos por los equipos técnicos del Ayuntamiento.
Ninguno de los dos investigados formaba además parte de la Mesa de Contratación presidida por la Concejal Vanesa RODRIGUEZ MONROY, y en la que, si participaba el Concejal promotor del contrato David SANCHEZ REY, junto con otro personal del Ayuntamiento.
Los investigados no tenían pues información precisa y actual sobre la licitación. Este obstáculo seria minimizado, desarrollando Alejandro UTRILLA y Daniel ORTIZ un circuito paralelo de información, al de la propia Mesa de Contratación quien regía los flujos de información entre los partícipes al concurso, conforme al marco legal preceptivo.
Así el Alcalde Daniel ORTÍZ instruyo al Concejal David SÁNCHEZ para que le transmitiera y despachara con él las incidencias de los estudios de los técnicos y le pasará la documentación de relevancia, los informes técnicos etc, lo que así hizo.
De esta forma los investigados Alejandro UTRILLA y Daniel ORTÍZ maniobraron para influir en favor de la adjudicación de COFELY, implementando un circuito paralelo de licitación al funcionamiento de la Mesa de Contratación, por el que el Concejal del área David SÁNCHEZ iba pasando al Alcalde toda la información que le era requerida por este, y en la forma que se expondrá, el Alcalde Daniel ORTÍZ se la pasaba a Alejandro UTRILLA y este a Pedro GARCÍA PÉREZ y Constantino ÁLVAREZ DE LA CUEVA. De retorno, los dos Investigados de COFELY instruían a Alejandro UTRILLA y a través de él al Alcalde, para que ordenara nuevos requisitos y aclaraciones sobre las ofertas de FULTON y DALKIA, intentando incluso paralizar las convocatorias de la Mesa de Contratación. Todas las maniobras se realizaban de forma encubierta.
A la hora de valorar las distintas ofertas presentadas, Cofely quedó por detrás de otras dos empresas, Fulton España y Dalkia, con propuestas mucho más ventajosas para el municipio. Ante el riesgo de perder el contrato, y con él las comisiones pactadas, Daniel Ortiz, a través de Alejandro Utrilla, hizo llegar a Cofely las ofertas presentadas por los otros dos licitadores, al efecto de que fuesen rebatidas.
“Entre el 25 y el 26 de marzo Alejandro UTRILLA esperaba los resultados del informe de COFELY. Por su parte el Alcalde intentaba paralizar la convocatoria de la próxima Mesa de Contratación, que en principio iba a dar como ganadora a la oferta de FULTON, y seguía provocando dudas en la fortaleza financiera de FULTON
El estudio sobre las ofertas técnicas revelo una serie de errores graves entre los precios de las bajas porcentuales y el precio final de la oferta, así como debilidades serias en los recursos financieros.
El 25 de marzo un empleado del departamento de back office de COFELY informó a Pedro GARCÍA de los resultados de su trabajo en un documento anónimo, resaltando sobre todos los errores en el cálculo de los precios de FULTON y DALKIA”
…
“Los papeles con el informe anónimo de COFELY llegaron el día 26 de marzo a manos del Alcalde Daniel Ortiz Espejo, tras recibirlos en mano Alejandro UTRILLA de Pedro GARCIA.
COFELY ponía así en conocimiento del Alcalde y el Concejal UTRILLA el hallazgo relevante descubierto por su técnico de eficiencia relativo a un error insubsanable en FULTON y DALKIA, en el cálculo de los precios porcentuales, discordantes con el precio final de la oferta, así como el resto de valoraciones sobre las debilidades financieras del competidor, y de su oferta.
Desde el día 26 de marzo la información sobre los errores en las ofertas de FULTON y DALKIA circulo por el Ayuntamiento.
El día 1 de abril, la responsable de contratación anunció al resto de los componentes de la Mesa de Contratación, que las ofertas de las competidoras FULTON y DALKIA debían ser descalificadas por errores invalidantes, por la discrepancia de precios de las ofertas entre las bajas porcentuales y el precio de la oferta final. Los motivos eran los mismos que se habían comunicado ya el día 26 de marzo al Alcalde y al Concejal UTRILLA en el informe anónimo de COFELY.”
Finalmente, el contrato fue adjudicado el 20 de mayo de 2014 por importe de 73.143.434,76 euros. A partir de ese momento se intensifica la exigencia del pago de las mordidas pactadas con anterioridad a la adjudicación del contrato como recompensa por su actuación a favor de Cofely
“Las negociaciones sobre el pago de comisiones y sus importes fueron previas a la adjudicación del contrato a COFELY y se intensificaron después del contrato, como reconocimiento por las ayudas prestadas por el Alcalde y el Concejal para la obtención del contrato. Los contactos tuvieron lugar desde mediados del mes de julio del 2014 hasta unos días antes de las entradas y registros del Juzgado, el 27.10. 2014, cruzándose decenas de llamadas y mensajes y varios encuentros presenciales, con mucha exigencia y urgencia por parte de los investigados del Ayuntamiento que reclamaban 500.000 euros de comisiones y el pronto pago de las mismas”
Otra particularidad del contrato de Móstoles es que, al haber sido redactados los pliegos de condiciones por los técnicos municipales, sin que éstos permitieran injerencias, no contaba con ninguna partida ficticia a la que poder cargar el coste de las mordidas pactadas con los ediles del PP, por lo que los directivos de Cofely decidieron que se pagarían con servicios simulados a los ayuntamientos de Serranillos del Valle y Valdemoro.
“…el plan de inversión del contrato de Móstoles no tenía ninguna partida ficticia de costes donde imputar gastos como proyect management / success fees o los gastos anuales de Ruta Energética, lo que hacía inviable sobrefacturar costes para ocultar los importes de las dádivas comprometidas.
Pedro GARCÍA, Constantino ÁLVAREZ y Maurice DIDIER con la colaboración necesaria y eficaz del director territorial de Services Zona Centro, Antonio FERNÁNDEZ DÍAZ y del ingeniero Jefe de operaciones José Antonio HERNÁNDEZ, buscaron con urgencia, bajo la presión de las reclamaciones de los ediles municipales, la posibilidad de sobrefacturar los presupuestos de varios Ayuntamientos, decidiéndose al final por sobrefacturar los contratos de Serranillos del Valle y Valdemoro, con facturas simuladas y prestaciones irreales. Conforme a los planes de los directivos y empleados de COFELY, ambos Ayuntamientos iban a pagar por servicios simulados en perjuicio de la integridad de los erarios municipales, si no se llegan a efectuar las acciones del Juzgado el 27 de octubre de 2014.”
La intervención judicial acabó frustrando el pago de las mordidas a los ediles corruptos; Móstoles ha tenido que soportar el contrato con esta empresa hasta el año 2019 cuando finalmente se pudo rescindir por los graves incumplimientos en la ejecución de los servicios contratados y el daño causado a las instalaciones municipales que debían mantener. A día de hoy sigue abierto el frente judicial en la vía del contencioso administrativo por la rescisión del contrato (recurrida por la empresa) y el pago de las indemnizaciones que se reclaman recíprocamente tanto Ayuntamiento como empresa.
